El Huesca afirma que hubo estafa en el presunto acuerdo de Racing y Hércules

El informe que la UEFA remitió a la Liga de Fútbol Profesional sobre los movimientos de apuestas en torno al Racing-Hércules del 4 de junio de 2013, como claro indicio, y las acusaciones por un delito de corrupción y otro de estafa son los argumentos que sustentan la querella presentada por la Sociedad Deportiva Huesca en la Audiencia Nacional contra estos dos clubes y algunos de los que eran sus directivos en la campaña 2012/2013. Un partido que terminó tres a cero a favor de los locales y cuyo presunto amaño influyó en que el equipo azulgrana, que acabó el campeonato penúltimo después de no pasar del empate en Huelva, descendiera a Segunda B. 

"Nosotros denunciamos que ambos clubes, a través de estas personas, pactaron el resultado. Creemos que existen indicios suficientes de comisión de ambos delitos", comenta el consejero del Huesca y experto en cuestiones jurídicas, Manuel Torres.

Torres explica que "la única voluntad" del club azulgrana "es que se investigue" y justifica la decisión del Huesca de acudir a la Audiencia en "la trascendencia de lo ocurrido". El abogado y directivo subraya la diferencia entre las diligencias que puede abrir un organismo deportivo y la posible actuación de un juez que decida "abrir una instrucción, imputar a personas, reclamar datos de nombres de apostantes a las casas de apuestas y, llegado el momento, dictar un auto de procesamiento judicial".

Ya en su día, el presidente de la Liga de Fútbol Profesional, Javier Tebas, mostró públicamente su convencimiento de que se trataba de "un amaño" –ni siquiera habló de presunto– y manifestó que, si de él dependiera, "ambos equipos debían de ser descendidos". Sin embargo, después de que una comisión de la propia LFP analizase lo sucedido, el asunto cayó en saco roto, incluso aunque el citado organismo "presentara una denuncia en un juzgado de Santander", tal como recuerda el propio Manuel Torres. 

Ante la situación, el Huesca informó en su última junta de accionistas, celebrada el pasado mes de diciembre, de la voluntad de personarse como querellante en la causa, con el doble propósito de "recuperar la categoría perdida y ser indemnizado", como señaló el asesor externo de la entidad, José Antonio Martín ‘Petón’. En esa misma asamblea estuvo e incluso se dirigió a los presentes Javier Tebas, expresidente del club azulgrana, accionista y reconocido aficionado del mismo.

Durante estos últimos meses, los servicios jurídicos del Huesca han trabajado codo con codo con la firma madrileña de abogados Ejaso con el fin de recopilar toda la información para reflejarla en la querella que firma el exfiscal anticorrupción Carlos Castresana y que ha recaído en el Juzgado Central de Instrucción número 4, cuyo titular es Fernando Andreu.

La demanda del Huesca se refiere a los dos clubes citados y a las personas de Francisco Pernía y Ángel Lavín –presidentes del Rácing de Santander de manera consecutiva– y Enrique Ortiz y Carlos Parodi, propietario y expresidente del Hércules de Alicante, respectivamente. A todos ellos se les acusa de pactar no solo el resultado del choque, sino incluso la forma de producirse: se trataba de que ganara el equipo cántabro, pero a la vez que fuese el Hércules por delante en el marcador al descanso y que entre ambos se marcaran más de tres goles.

Viendo las imágenes del encuentro resulta muy llamativo observar la ingente cantidad de oportunidades de gol desperdiciadas por los alicantinos ante una asombrosa pasividad de la defensa racinguista. No obstante, el Hércules fue incapaz de marcar. Ya en la segunda mitad, el Racing lograría los tres tantos que, sin embargo, no impidieron que perdiera la categoría.

El Sistema de Detección de Fraude de la UEFA encontró que, a través de Internet, se habían apostado más de 750.000 euros en ese encuentro y que una conocida casa de apuestas admitía un volumen de movimientos doce veces superior al normal.

El Huesca confía en que la demanda prospere, sin perjuicio de que, cuando llegue una hipotética resolución del caso, el equipo haya logrado retornar a Segunda División por los cauces estrictamente deportivos. Y si no fuera así, que la federación española, a instancias del ordenamiento judicial, arbitrase la manera de reintegrarlo en la categoría.