El presidente de la Sociedad General de Autores y Editores, Teddy Bautista, así como el director general y el director financiero de la institución, Enrique Loras y Ricardo Azcoaga, respectivamente, han quedado en libertad «con cargos y sin fianza».

Según consta en el auto dictado por el juez Pablo Ruz de la Audiencia Nacional, los tres están imputados de «un delito de apropiación indebida de especial gravedad atendiendo al valor de la defraudación», que puede ser penado con hasta seis años de prisión.

Asimismo, de «administración fraudulenta», por el que la ley contempla hasta cuatro años de cárcel.

Y, en el caso de Bautista, se le imputa también «un delito societario por negativa o impedimento a los socios del ejercicio de los derechos de asociación y participación», según señala el auto, y precisa que la pena puede llegar hasta los doce meses de multa.

Tras permanecer en la Audiencia desde primera hora de la mañana para prestar declaración, los tres directivos de la SGAE han abandonado la sede judicial en un coche con las lunas tintadas y sin hacer declaración alguna a los periodistas que esperaban a la puerta de la Audiencia.

La libertad provisional y sin fianza decretada por el magistrado está justifica por las «particulares circunstancias de arraigo en España» de los tres imputados, por lo que existe escasa probabilidad de que se sustraigan a la acción de la Justicia.

No obstante, el juez ha decretado la prohibición de salida del territorio nacional y la retirada de pasaportes a los tres responsables de la SGAE.

Misma surte para Vázquez y Martín

Elena Vázquez y Celedonio Martín, otros dos de los detenidos el viernes en el marco de la investigación de un posible desvío de fondos en la filial digital de la SGAE, han sido puestos en libertad tras declarar en la Audiencia Nacional y ser imputados de apropiación indebida y administración fraudulenta.

También se les ha decretado la libertad sin fianza por la inexistencia de riesgo de fuga y, al igual que en los casos anteriores, se les ha prohibido salir del territorio nacional y se les ha retirado los pasaportes.

En el caso de Elena Vázquez se añade la imputación de un delito de alzamiento de bienes que, según el auto del juez, está penado con hasta cuatro años de prisión.

Vázquez es cuñada del también detenido José Neri, el director general de la filial digital de la SGAE -la Sociedad Digital de Autores y Editores (sDae)- y a quien los investigadores sitúan como máximo responsable de la trama delictiva.

Y Celedonio Martín es un empleado de la empresa Microgénesis, vinculada a Neri y que, según su página web, realiza trabajos de consultoría y tiene entre sus clientes a la propia SGAE.