Las obras para paliar los daños de las riadas del Ebro siguen pendientes 7 años después.

Solo se han hecho 6 limpiezas puntuales y 4 áreas inundables. Los trámites ambientales, el rechazo de los afectados y los ajustes presupuestarios han frenado el resto de las actuaciones.

Una de las riadas de enero de 2013, frente al casco urbano de Novillas.
Las obras para paliar los daños de las riadas del Ebro siguen pendientes 7 años después.
Envuelvo

Las actuaciones impulsadas por la Confederación para tratar de paliar los daños que provocan las riadas del Ebro siguen sin ponerse en marcha siete años después del último gran episodio de avenidas -el de abril de 2007-. A principios de 2008, la CHE anunció un extenso listado de medidas para proteger los cascos urbanos amenazados y reducir las pérdidas en las zonas agrícolas. Sin embargo, la inaceptable lentitud de las evaluaciones de impacto ambiental -que dependen del Ministerio-, los recelos de muchos de los afectados y los ajustes presupuestarios han provocado que en todo este tiempo solo se haya impulsado una pequeña parte de los proyectos previstos.


De hecho, la CHE ha aparcado -al menos, por ahora- cuatro de los cinco cauces de alivio que diseñó para desviar parcialmente el Ebro en caso de grandes avenidas y aliviar así la presión sobre las seis poblaciones que pueden llegar a inundarse: Novillas, Pradilla, Boquiñeni, Alcalá, Cabañas y Pina. La única de esas actuaciones que se sigue tramitando es la que protegerá el casco urbano de Alcalá, pero ni siquiera ha superado la tramitación ambiental.


En cuanto a las medidas para mitigar los daños agrícolas, solo se han creado cuatro zonas de inundabilidad controlada en Novillas, Pradilla y Pina (2). Esto les ha restado casi toda su eficacia, ya que para que realmente ayuden a laminar las riadas es necesario poner en marcha el mayor número posible -la Confederación llegó a estudiar unas 20 posibles ubicaciones-.


Las medidas contra las avenidas fueron consensuadas en una comisión de expertos creada por la CHE para dar respuesta a este problema en todo el tramo medio del Ebro, desde Miranda hasta el embalse de Mequinenza. Este grupo fue impulsado tras las avenidas extraordinarias de abril de 2007 y se constituyó a finales de aquel año.


Partiendo de las conclusiones de los expertos, la Confederación planteó crear cauces de alivio para proteger las zonas habitadas y acondicionar zonas de inundabilidad controlada para minimizar los daños en las áreas agrícolas. Además, se mostró dispuesta a realizar limpiezas de cauce en algunos puntos concretos.


"No hay suficiente consenso"


La CHE redactó los anteproyectos de los cinco cauces de alivio previstos -que en total costarían 17 unos millones de euros- y llegó a sacarlos a información pública a principios de 2013. No obstante, siempre insistió en que solo se podrían ejecutar con el visto bueno de los ayuntamientos y los agricultores afectados. Casi dos años después, la Confederación considera que ese requisito solo se cumple en Alcalá de Ebro. "En el resto de poblaciones no hay suficiente consenso -sostiene el jefe del área de Gestión Medioambiental de la Confederación, Lorenzo Polanco-. Durante la fase de alegaciones se recibieron alegaciones que directamente rechazaban la actuación o que proponían cambios que la desvirtuaban".


El cauce de alivio de Alcalá es el más

económico de los cinco planteados inicialmente -su presupuesto ronda los 1,8 millones-. Aunque se sigue tramitando, tiene que volver a salir a información pública en cumplimiento de lo establecido en la nueva ley de evaluación ambiental, por lo que ya se puede descartar que las obras puedan comenzar a corto plazo.


En cuanto a las zonas de inundabilidad controlada, Polanco adelanta que parece que el municipio navarro de Arguedas está dispuesto a crear una de estas áreas dotadas de compuertas que en caso de grandes riadas permiten anegar los campos lentamente minimizando así los daños. No obstante, esta quinta actuación seguiría siendo insuficiente para que el efecto de laminación sea apreciable: cuantas más zonas se inunden de forma controlada, menos agua baja por el río y más se benefician los agricultores de aguas abajo.


"El efecto de las zonas de inundabilidad controlada es acumulativo, y hasta ahora ni los municipios de La Rioja ni los de Navarra han querido saber nada de este tipo de actuaciones -destaca el jefe del área de Gestión Medioambiental de la CHE-. Ojalá la de Arguedas acabe saliendo adelante y suponga un punto de inflexión, porque lo ideal es que se creen muchas más áreas inundables también en Aragón".


Respecto a las limpiezas de cauce, las que se han hecho durante estos años han sido posibles porque estaban fuera de la Red Natura 2000 -una en Gallur y otra en Cabañas- o porque tras las riadas de 2013 se tramitaron como obras de emergencia en Novillas, Pradilla, Boquiñeni y Pina.


En 2009, estos y otros municipios -como Alcalá y Fuentes- pidieron que se hicieran una serie de dragados de hasta 20.000 metros cúbicos cada uno. El Ministerio de Medio Ambiente tardó once meses en comunicar que, a pesar de ese límite, tenían que someterse a evaluación de impacto ambiental. Casi cinco años después, de esa tramitación no ha vuelto a haber novedades.


Los alcaldes


Los alcaldes de Novillas y Pina confirman que en estas poblaciones los cauces de alivio propuestos por la CHE generan rechazo, y el de Cabañas aclara que su caso el problema son "dos grandes propietarios de fuera del pueblo" que se niegan a que se les inunden las tierras. Por contra, los regidores de Boquiñeni y Pradilla aseguran que en sus municipios la actuación planteada sí puede salir adelante.


"Nosotros no nos oponemos al cauce de alivio, al revés, aunque es verdad que antes habría que cerrar algunas cuestiones como las indemnizaciones o el mantenimiento", señala el alcalde de Boquiñeni, Miguel Ángel Sanjuán. Por su parte, el de Pradilla teme que la falta de consenso sea "una excusa de mal pagador". "No sé por qué dicen eso si no nos han preguntado... después de que salieran a información pública no siquiera nos han convocado a una reunión -critica Luis Eduardo Moncín-. En Pradilla queremos que se haga el cauce de alivio porque es la única solución posible, pero además también exigimos que se limpie el río".


Todos los municipios ribereños siguen exigiendo la retirada de gravas y maleza. De hecho, en 2010 llegaron a plantear que o se hacían dragados o no apoyarían los cauces de alivio y en abril de este año 13 ayuntamientos reclamaron a la CHE un millón de euros por los daños causados por las avenidas de 2013.