El juez del caso La Muela no acepta la recusación de Pinilla y deja que decida la Audiencia

El instructor, apoyado por la Fiscalía y las acusaciones, ha rechazado las razones que esgrimió la exalcaldesa para apartarlo del caso

A. Lajusticia.
A. Lajusticia

Si la Audiencia Provincial de Zaragoza no dice lo contrario, el magistrado Alfredo Lajusticia continuará encargándose de la instrucción del caso La Muela, que tras seis años de diligencias afronta su recta final. La exalcaldesa y principal imputada, Mª Victoria Pinilla, presentó a finales de abril un escrito solicitando la recusación del juez por considerar que sus últimas decisiones le habían causado "indefensión" y conculcado sus "derechos fundamentales". Sin embargo, el titular del Juzgado de Instrucción número 1 de La Almunia acaba de emitir un informe rechazando sus argumentos y oponiéndose a la recusación, contra la que también se han pronunciado la Fiscalía, la Abogacía del Estado, el letrado de la Comunidad Autónoma y el del Ayuntamiento de La Muela.


Pinilla pidió al juez de la Operación Molinos que se inhibiera del caso tras presentar una denuncia contra él ante la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (Aragón) y tramitar también sendas quejas ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del propio TSJA. Sin embargo, en el informe que ha emitido ahora Alfredo Lajusticia le recuerda que "no basta con la mera presentación de una denuncia por quien es parte en un procedimiento, sino que además es necesario que la denuncia o acusación formulada haya dado lugar a la incoación de un procedimiento penal". Y no es el caso, ya que el propio magistrado revela ahora que las diligencias de investigación que abrió la Fiscalía a raíz de la denuncia de la exalcaldesa han sido archivadas con fecha 5 de mayo.


Resuelto el primer motivo de recusación, el instructor desmonta también el segundo, al informar de que también la queja que se tramitó ante el CGPJ fue archivada por acuerdo del pasado 7 de mayo. En cuanto a la queja que se interpuso ante el TSJA, recuerda Alfredo Lajusticia en su informe que tampoco le consta ninguna sanción disciplinaria. Dicho lo cual, entiende el magistrado que su pretendida recusación está huérfana de argumentos que la fundamenten.Apoyo de la Fiscalía

Antes de pronunciarse sobre su posible inhibición, el instructor de la llamada Operación Molinos pidió a las acusaciones que se pronunciaran, y todas ellas lo han hecho rechazado la petición de Pinilla y apoyando su labor al frente de la investigación. La más contundente ha sido la fiscal Victoria Esponera, que durante todos estos años ha venido trabajando codo con codo con el titular del Juzgado de Instrucción número 1 de La Almunia y que acusa a María Victoria Pinilla de 24 delitos, por lo que solicita para ella 37 años de cárcel, 165 de inhabilitación para empleo o cargo público y 22.821.000 euros de multa.


"Como no podía ser de otra forma, la denuncia interpuesta ante la Fiscalía (contra el juez) ha sido archivada (...). Es evidente que no puede existir ninguna imputación penal contra quien con total imparcialidad, profesionalidad y eficacia ha dirigido la instrucción del presente procedimiento garantizando escrupulosamente el derecho de todas las partes", señala la representante del Ministerio Público en el caso La Muela. "Resulta incongruente denunciar a quien con absoluto respeto a una situación personal por enfermedad, difícil y complicada y respecto a la que no se había pedido ningún tipo de aclaración o informe, ha permitido que la designación de letrado por la señora Pinilla se efectuara de una forma más sosegada y tranquila (...)", añade Esponera.


La exalcaldesa de La Muela, María Victoria Pinilla, mantuvo un tira y afloja con el juez Alfredo Lajusticia a cuenta de quién se encargaba de la defensa de la primera. Porque, tras renunciar a hacerlo sus anteriores letrados cuando esta estaba hospitalizada, el magistrado le pidió que designara a alguien advirtiéndole que de lo contrario se le nombraría uno del turno de oficio. Pinilla siempre se opuso a esta última opción y solicitó a Lajusticia que le liberara fondos de sus cuentas corrientes –todas ellas bloqueadas– para contratar al letrado José Antonio Visús. Y aunque el juez no le ha dado el dinero, este último ha aceptado finalmente representar a la exalcaldesa.


Llegados a este punto y rechazada la petición de recusación del juez instructor, la pelota está ahora sobre el tejado de la Sección Primera de la Audiencia de Zaragoza, que deberá pronunciarse en los próximos días sobre la cuestión.