Una familia de Alagón ha sido desahuciada este miércoles de la finca en la que habitan desde hace varias décadas después de que los tribunales no reconozcan la compraventa firmada en 1960 con los propietarios.

La familia, compuesta por un matrimonio de octogenarios cuya mujer está impedida y dos hijos con minusvalía, no ha podido extraer los ladrillos que produce y que están almacenados en la finca, denominada "El Tejar", donde ha sido derribada la vivienda, según ha indicado su abogada, Mercedes Urraca.

Urraca ha recordado que este octogenario compró la finca a una usufructuaria en 1960 por 200.000 pesetas si bien los propietarios de la misma no firmaron el documento y que, desde entonces, ha seguido pagando los alquileres.

Cuando la usufructuaria falleció en 2003 los propietarios no quisieron renovar el contrato de alquiler y desde entonces, hace 11 años, están peleando en los tribunales estos hechos en los que tanto la Audiencia Provincial de Zaragoza como el Tribunal Supremo da la razón a los propietarios.

La letrada ha reconocido que judicialmente "no se puede hacer nada" y ha apelado a la "humanidad" para que se realoje a esta familia y les permitan sacar los ladrillos que tienen en la finca, algo que la Comisión Judicial no ha permitido hasta el momento.

Asimismo, ha indicado que se les intentará realojar a través de Stop Desahucios ya que, aunque la unidad familiar supera los ingresos dado que cobra el marido y los dos hijos, "por separado no", ha dicho, toda vez que ha señalado que la familia está "muy afectada" por lo sucedido.

Por su parte, el alcalde de la localidad, José María Becerril, ha recordado que no se trata de un desahucio "bancario" y ha añadido que el desalojo estaba previsto ya para el pasado mes de octubre aunque finalmente se anuló hasta ahora.

Becerril ha insistido en que los servicios sociales han denegado la concesión de ayudas para esta familia porque tienen recursos para buscar una vivienda alternativa dado que cobran más de 1.500 euros.

"El Ayuntamiento hubiera alcanzado un acuerdo rápido por urgencia si los servicios sociales hubieran dicho que era de extrema necesidad", ha incidido el alcalde, quien ha subrayado que la familia recibe pensiones por incapacidad y jubilaciones superiores a los 1.500 euros, razón por la que los Servicios Sociales desestimaron la prestación de ayuda.