Una deuda de 2,08 euros que pasó a convertirse en 102.5 en poco más de dos años. Un incremento de más del 5.000% que ha dejado atónito a José Ballester, un vecino de Zaragoza que hace unos días recibió una llamada del banco diciéndole que su cuenta había sido embargada debido a esta situación.

La deuda de 2,08 euros procede de un pago no realizado a la Comunidad de Regantes de Garrapinillos, que en 2010 le reclamó colaborar con la limpieza de una hijuela, un canal pequeño que conduce el agua desde una acequia hasta el regadío. Hasta ahí todo normal, pero un cambio de domicilio y el traslado de los pagos asociados a la Comunidad de Regantes a una nueva cuenta hizo que aquella pequeña deuda se convirtiera en el quebradero de cabeza que es hoy en día.

Gastos de procedimiento

"Dejé aquella cuenta abandonada y los pagos de la Comunidad me siguieron llegando a la nueva, pero no sé por qué motivo aquellos 2 euros se siguieron reclamando en la cuenta anterior", explica José, que no echó en falta el recibo de esos 2 euros debido a la escasa cuantía del mismo. Desde la Comunidad de Regantes de Garrapinillos cuentan que del 5.000% del incremento por la demora ellos solo van a recibir el 20% reglamentado, y que el resto "responde a los gastos de gestión de la Agencia Ejecutiva", organismo encargado de la tramitación por medio de una providencia de apremio.

Y es que la Agencia Ejecutiva del organismo, con sede en Tarazona, ha estipulado unos gastos de 100 euros justos bajo el concepto de "Presupuestos para gastos y costas del procedimiento", como se puede leer en la carta que dicha agencia envió al banco para el embargo de la cuenta.

La Agencia Ejecutiva explica que el gasto para solicitar el embargo de una cuenta es el mismo para 2 euros que para 2.000, y que este se desglosa en unos 10 euros en costes postales y otros 90 en la publicación de dicha resolución en el Boletín Oficial de Zaragoza.

Una suma de dinero "rocambolesca" en palabras del afectado, que está informándose para emprender acciones legales. Desde la Agencia se afirma que los costes son los derivados del proceso de embargo, estipulados por la Ley Tributaria y el Reglamento General de Recaudación.