El Ayuntamiento solo se plantea multar por el botellón en las zonas más problemáticas

El equipo de gobierno PSOE-PAR del Ayuntamiento de Zaragoza está ultimando los detalles de la futura normativa contra el botellón, que como aspecto más destacado prevé la creación de zonas de especial protección urbana en las que estarán prohibidas las concentraciones masivas de jóvenes para beber alcohol y por lo tanto se podrá multar. De momento ya tiene un borrador de los artículos que se incorporarán a la vigente ordenanza cívica, que establece sanciones de entre 700 y 1.500 euros.

Según el texto que están preparando los servicios municipales, las zonas de especial protección urbana serán declaradas por el gobierno de Zaragoza de acuerdo con los informes que emita la Policía Local o cualquier otro departamento. Estas áreas coincidirán con aquellos lugares "en los que se realizan estas actividades con carácter habitual".

Espacios problemáticos

Entre las zonas que serán declaradas a salvo del botellón figuran las dos más problemáticas: la plaza de Los Sitios y el paseo de la Constitución, junto al monumento a las víctimas del Yak-42. Pero puede haber algunas más. Por ejemplo, la plaza de San Felipe, la de San Antón o la de Mariano Arregui, donde habitualmente se organizan botellones, podrían ser preservadas.

Respecto al Parque de Primo de Rivera, otro de los focos de botellón de la ciudad, no se ha previsto delimitarlo como zona protegida, porque las molestias por ruidos a los vecinos son muy limitadas. No obstante, el listado definitivo está pendiente de que la Policía Local elabore un informe.

Ante la posibilidad de que tras la prohibición del botellón en algunos lugares el fenómeno se traslade a otros, el Ayuntamiento podrá ir sumando nuevas zonas proscritas. El documento también hace referencia a que se sancionará a quien haga botellón en las zonas saturadas de bares, aunque previsiblemente ese aspecto se retirará al final por los problemas que podrían tener los policías locales a la hora de su aplicación.

Por otro lado, el texto normativo incorpora un artículo más amplio (y más ambiguo), que permite perseguir el botellón en toda la ciudad. En este sentido, se prohíben las reuniones o concentraciones de personas en la vía pública, en lugares de tránsito o en zonas verdes, con ingesta de bebidas alcohólicas, "cuando con esta actividad se impida o dificulte la circulación rodada o el tránsito peatonal, se perturbe la tranquilidad ciudadana o el derecho al descanso de los vecinos o se genere una alteración de las condiciones ambientales por el abandono indiscriminado de residuos y basuras". Esto significa que más que prohibir el botellón, se sancionarán las consecuencias negativas que este fenómeno causa a los ciudadanos.

Una de las cuestiones que están por cerrar es cómo se aplica el régimen sancionador, es decir, qué infracciones son consideradas leves o graves. La ordenanza cívica establece sanciones máximas de 1.500 euros. Las leves suponen hasta 500 euros. Se permite la sustitución de la multa por servicios sociales en favor de la comunidad en algunos casos.

Según explicó el vicealcalde y concejal de Acción Social, el socialista Fernando Gimeno, lo más probable es que las sanciones graves se apliquen a los reincidentes.

Negociación con el PP

Gimeno mostró su vocación de llegar a un acuerdo con el PP (CHA e IU ya han mostrado su rechazo a este tipo de normativas), ya que el gobierno PSOE-PAR no tiene mayoría suficiente para aprobar la modificación de la ordenanza. El responsable municipal confió en poder acelerar las negociaciones la próxima semana con el objetivo de llevar la normativa a Junta de Gobierno.

"Es ante todo una ordenanza aplicable", explicó Gimeno, que diferenció por un lado el problema sanitario que se produce por la ingesta excesiva de alcohol en los jóvenes, que debe afrontarse con programas educativos, y por otro, las molestias que producen a los ciudadanos las concentraciones de jóvenes para beber. "En una ciudad nadie puede articular su forma de relacionarse perjudicando a los demás", afirmó.

Rechazó la fórmula de los 'botellodromos' a la que han recurrido algunas ciudades del sur de España y también la prohibición total que se ha aprobado por ejemplo La Coruña porque al final una norma así "es de difícil aplicación". Por eso, centró su estrategia en perseguir las conductas que realmente generen molestias.

Por su parte, la portavoz del PP, Dolores Serrat, dijo estar a la espera de la propuesta del PSOE. Defendió una normativa que logre "evitar al máximo el fenómeno del botellón mediante el control de la venta de alcohol a menores e intensificando la vigilancia en las zonas problemáticas".