Recurren la instalación de dos plantas fotovoltaicas entre Nombrevilla, Badules y Romanos
Amigos de la Tierra Aragón alega que los proyectos se presentan fragmentados y que habría un daño ambiental "irreparable"
La ONG ecologista 'Amigos de la Tierra Aragón' ha presentado un recurso de alzada ante el Departamento de Industria del Gobierno de Aragón contra las plantas fotovoltaicas Santa Quiteria I, entre Badules y Romanos, y Santa Quiteria II, entre Nombrevilla y Romanos, que Forestalia ha proyectado desplegar en la zona del Campo de Romanos, dentro de la comarca del Campo de Daroca, en la provincia de Zaragoza.
Estas dos plantas forman parte de un conjunto de ocho que Forestalia ha previsto en varios términos municipales -que se desplegarían también entre los términos de Torralbilla, Mainar y Langa- y que ocuparían más de 1000 hectareas de suelo, principalmente de uso agrícola.
Además, la instalación de estos parques conlleva de manera asociada la construcción de dos subestaciones y de una línea de alta tensión de 28 kilómetros que atravesaría la sierra de Paniza para evacuar la electricidad hasta otra subestación en Cariñena, de donde se derivaría a su vez a la red de distribución.
Amigos de la Tierra ha alegado en los recursos que los proyectos se presentan "fragmentados incumpliendo la legislación del sector eléctrico y ocasionarían un irreparable daño ambiental tanto al territorio por los desmontes y movimientos de tierra como a la fauna esteparia por la ocupación de suelo y por las decenas de kilómetros de vallados que conllevan estas instalaciones".
Así, señalan que el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (Inaga) "ha resuelto compatible ubicar la planta Santa Quiteria I íntegramente dentro de Red Natura". Además, indican, la línea de alta tensión supondría "una agresión intolerable debido a las dificultades del relieve y a los desmontes y accesos que serían necesarios llevar a cabo para ubicar las 80 torres necesarias".
Desde la entidad señalan que estos proyectos son "el caso típico de extractivismo favorecido por Inaga y Consejería de Industria sobre unos territorios que se degradan y sufren los impactos para producir energía que se exporta a otras regiones". Valoran también que supone un "ejemplo de despilfarro de esa energía que se pierde en el transporte a larga distancia".
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La organización ecologista, explica en un comunicado, además de trabajar en otras vías legales ha presentado estos recursos dentro de la campaña para impedir un "monumental atentado ecológico en Campo de Romanos" en coordinación con otras entidades que ya han recurrido la línea de alta tensión.
Previamente, en 2021, tanto esta entidad como Ansar ya denunciaron ante el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico la fragmentación del proyecto en ocho plantas diferentes y también su "grave impacto ambiental" e ir contra los principios de sostenibilidad.
