tribunales
La Audiencia absuelve al alcalde de Murero y a tres ediles acusados de prevaricación
El vecino que los denunció por alterar las lindes de su finca al ampliar una carretera decide retirar los cargos.
La Audiencia de Zaragoza acaba de absolver al alcalde de Murero, Santiago Mingote García (PP), del delito de prevaricación administrativa por el que un vecino de este pequeño municipio de la comarca de Campo de Daroca le pedía nueve años de inhabilitación especial para cargo o empleo público y el pago de una multa de 10.800 euros. El denunciante decidió emprender acciones penales contra el regidor por aprobar un proyecto que, a su entender, acabó causándole un grave perjuicio económico. Se trataba de la ampliación de una carretera provincial, obras que invadieron una de las fincas del vecino y supusieron, presuntamente, una modificación de lindes. Sin embargo, el afectado decidió renunciar in extremis a las acciones penales. Y como la Fiscalía nunca apreció delito ni acusó, la sentencia ha sido absolutoria.
Además de al alcalde, por estos hechos se acusaba a los tres concejales –Rafael C. M., M.ª Jesús M. M., y Jesús G. M. (ya no es concejal)– que votaron a favor de las obras, así como al arquitecto técnico del proyecto y al palista que manejaba la excavadora. A los primeros se les imputaba también la prevaricación administrativa –por la que les pedían inhabilitación y multas de 8.640 euros– y a los dos últimos, un delito de alteración de lindes –castigado con multas de 8.640 y 6.480 euros, respectivamente–. Sin embargo, al igual que el regidor, los cinco investigados han acabado absueltos.
El origen de la causa que instruyó el Juzgado de Daroca estaba en las obras aprobadas en el pleno del 24 de octubre de 2018, al que asistieron tanto Santiago Mingote como los otros tres concejales. Según la memoria del proyecto, estas consistían en el ensanchamiento de la plataforma de la carretera a la altura de la curva del cementerio municipal. El objetivo, ampliar la banda de rodadura y dar una mayor visibilidad a los usuarios de la vía.
La denuncia se interpuso el 15 de marzo de 2019, pero los hechos se remontan al 8 de noviembre de 2018, cuando el dueño de la finca se dio cuenta de que había una excavadora trabajando dentro de la misma. Pidió a los obreros que detuvieran inmediatamente los trabajos, pero parece que estos se negaron diciendo que los promovía el Ayuntamiento de Murero y tenían autorización del alcalde. La respuesta obligó al vecino a solicitar la intervención de la Guardia Civil, que se presentó allí y levantó el oportuno atestado.
Compensación económica
El hecho de que el denunciante retirara los cargos penales a solo unos días de la celebración del juicio no fue casual. La acusación particular, ejercida por el letrado Miguel Ángel Lanaspa, y los abogados de la defensa, Enrique Trebolle, María Elena Enciso e Ignacio Buil, estuvieron acercando posturas hasta el último momento. Y gracias a esa negociación se evitó el juicio en la Audiencia Provincial de Zaragoza. Al parecer, se habría alcanzado un acuerdo para que el vecino afectado sea compensado por la vía administrativa, de forma que todos saldrían bien parados.
El Ministerio Público entendía que tras la «amplia y completa instrucción» de la causa, no se desprendían indicios de delito, de ahí que mantuviera su decisión de no acusar. Es más, entendía que este era un asunto que debía resolverse en el ámbito administrativo o civil, como finalmente se ha hecho.
