Podemos acude al Tribunal de Contratos para que aclare la legalidad de la nueva Romareda
Los morados no pedirán la paralización cautelar, mientras Vox cuestiona los requisitos exigidos en el concurso.
Los pliegos de la nueva Romareda suscitaron este martes críticas tanto de Podemos como de Vox en el Ayuntamiento de Zaragoza. En el caso de los morados, que fueron más duros, anunciaron que van a elevar una consulta al Tribunal de Contratos para determinar si los pliegos de condiciones cumplen con la legalidad. Dejaron claro eso sí que no solicitarán la paralización cautelar para no afectar a los plazos.
El portavoz de Podemos, Fernando Rivarés, explicó que las condiciones del derecho de superficie que rige la operación están redactados solo pensando "en el beneficio de los fondos de inversión" que deben financiar las obras del estadio y explotar sus espacios comerciales.
Rivarés fue especialmente crítico con la decisión del gobierno de descontar del canon el precio de las demoliciones del edificio del Cubo y de la antigua Gerencia de Urbanismo, que suponen un coste de 5,3 millones de euros. Esto implica que ese coste al final lo soporta el Ayuntamiento. "Es mentira que no le cueste nada a las arcas municipales", dijo.
Pero el concejal morado no se quedó solo ahí. Cuestionó el sistema de tasación de los aprovechamientos, que toma como referencia los ingresos obtenidos en la enajenación de la parcela del hospital privado de Quirón Salud, en la prolongación de Gómez Laguna. Según Rivarés, "se reduce la tasación de la edificación deportiva, de 59 millones (valor que en un informe de 2020 se dio a los aprovechamientos comerciales de La Romareda) a 23,8", dijo.
Rechazó también que en una operación de este tipo, a 75 años, no se tenga en cuenta la inflación, entre otros asuntos. "El medio millón de euros de hoy dentro de 60 años cuánto sería", ha preguntado Rivarés para responder que sería el equivalente a casi 20 millones de euros. "Es ridículo, no considerar el coste de la vida en cesiones a tan largo plazo".
También dijo el objeto del contrato responde más a una concesión de obras que un contrato patrimonial, por lo que pedirán al Tribunal de Contratos que lo aclare. Habló de «"consulta" más que de recurso y subrayó que no se pedirán medidas cautelares al organismo para no paralizar el proceso. En cualquier caso, garantizo que si tras las elecciones gobierna, modificará los pliegos.
Avanzó que si Podemos forma parte del próximo gobierno municipal "se hará un concurso público para elegir socios con los que crear una sociedad mixta que ejecute y explote la Ciudad del Deporte y se respeten escrupulosamente las fechas de las obras para "no retrasarlo ni un minuto".
El edil ha dicho que tiene una "sensación de tremenda falta de miras" del Gobierno municipal en un proyecto de 75 años al garantizar que solo el Real Zaragoza pueda jugar en el estadio porque "nadie sabe lo que puede pasar en el deporte profesional y limitarlo a un solo equipo puede suponer que la ciudad tenga que construir otro estadio porque el adjudicatario se puede negar a que se haga uso por otros equipos", ha advertido.
En los pliegos, además, no se aclara lo que el Real Zaragoza tendría que pagar por usar el estadio si finalmente no es el adjudicatario y se podrían dar situaciones "abusivas" como que el Real Zaragoza no pudiera jugar a un precio razonable.
Críticas de Vox
Pese a que su grupo apoya el proyecto y los pliegos de condiciones, el portavoz de Vox, Julio Calvo, también cuestionó los pliegos de condiicones porque en su opinión son menos exigentes incluso de lo que recogen los estudios presentados por el Real Zaragoza en la alegación presentada a la primera modificación del PGOU. Por este motivo, exigió que el alcalde, Jorge Azcón, aclare esta cuestión.
"¿Por qué si el Real Zaragoza presenta un modelo de negocio en el que estaba dispuesto a pagar más, el equipo de Gobierno rebaja sus exigencias en el pliego?”, dijo Julio Calvo. También exigió que se elimine toda referencia al estudio económico financiero presentado por el Real Zaragoza “y que no puede vincular a ninguno de los licitadores”.
