Zaragoza impondrá el casco en patinete si no lo hace la DGT

El Ayuntamiento de Zaragoza modificará su ordenanza de Movilidad para imponer el casco a los usuarios de patinetes si no lo hace antes la Dirección General de Tráfico (DGT) mediante un reglamento de carácter nacional. Así se lo transmitió este lunes la concejal del área, Natalia Chueca, al director del organismo estatal, Pere Navarro, que se comprometió a buscar fórmulas para acelerar la puesta en marcha de medidas de protección a los más vulnerables ante el aumento de la siniestralidad en las grandes ciudades.

Chueca se reunió con Navarro en la sede central de la DGT en Madrid, donde abordaron un repunte de la siniestralidad vial que se está cebando especialmente con los más vulnerables en las calles: peatones, ciclistas y usuarios de vehículos de movilidad personal. Zaragoza ha pasado de registrar un fallecido por accidente de tráfico en 2021 a nueve muertos en lo que va de año, ocho de ellos por atropello.

Las cifras han encendido todas las alarmas, y el Ayuntamiento se ha puesto manos a la obra para tratar de frenar la tendencia. Entre las propuestas que plantea Zaragoza se encuentra la obligatoriedad del casco para los usuarios de patinete, el vehículo que más está creciendo tanto en uso como en siniestralidad. La DGT tiene previsto imponerlo a través del reglamento que desarrolla la Ley de Tráfico, pero su tramitación lleva meses atascada y sin visos de prosperar. De igual modo, el organismo estatal tiene pendiente de impulsar un Real Decreto de protección a los vulnerables, con medidas específicas para estos colectivos.

Sin embargo, Chueca cree que no se puede esperar más. “Hay vidas en juego”, asegura, por lo que instó a la DGT a acelerar “de manera inaplazable” la implantación de medidas de protección, incluido el casco de protección En este sentido, y según la concejal, Tráfico va a estudiar la posibilidad de desligar la imposición del casco del resto del reglamento para aprobarlo con carácter preferente y en un periodo de tiempo más corto.

Por tanto, el gobierno PP-Cs va a conceder un plazo de cortesía. En caso de no apreciar avances, el Ayuntamiento tomará por su cuenta la decisión, aunque fuentes municipales no quisieron fijar una fecha límite. Sería necesario, en todo caso, que el Gobierno de España “elabore y defina las recomendaciones técnicas necesarias para que la regulación se pueda ir avanzando conforme a unos criterios comunes para todos los municipios”, indicó la edil.