Las renuncias de mujeres a declarar contra su agresor se disparan en Aragón
Aumentan un 165,5% los casos en los que las víctimas se acogen a su derecho a no testificar contra el maltratador.
Las renuncias de mujeres a declarar contra su maltratador se han disparado un 165,6% en Aragón en enero, febrero y marzo, en relación con el mismo periodo de 2021. Si ese año fueron 122 las mujeres que se acogieron a la dispensa de la obligación de tener que testificar, en 2022 han solicitado ejercer ese derecho 324 mujeres. Estos datos sitúan a la Comunidad Autónoma aragonesa a la cabeza del ranquin por comunidades, con un 17,9% de renuncias frente al 9,7% que supone la media nacional.
De los datos proporcionados este lunes por el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, el número de renuncias es el más alarmante respecto a la comunidad aragonesa. El resto sigue la misma tendencia que en el resto de España, donde ha crecido tanto el número de denuncias por violencia de género (41.765, un 19,3% más que en el mismo periodo de 2021) con 40.481 mujeres víctimas (un 17,9% más).
En Aragón, el número de mujeres que han sufrido violencia de género ha aumentado un 28,4% en el primer trimestre (863 en 2022 y 672 en 2021) y las denuncias recibidas se han incrementado en un 21,3% (973 frente a 802). Esto supone que el índice de víctimas por cada 10.000 habitantes se sitúa en la Comunidad Autónoma en el 12,9%, mientras que el año pasado estaba en el 10%.
Respecto a la persona que acude a la comisaría o al juzgado para presentar la denuncia, en un porcentaje alto sigue siendo la propia víctima la que da el paso y se sigue echando en falta un apoyo de la familia mucho mayor. Así, las cifras facilitadas por el Tribunal Superior de Justicia de Aragón reflejan que el 52,4% (510) de las denuncias fueron interpuestas por las mujeres maltratadas, el 34,4% (335) por la intervención directa de las Fuerzas de Seguridad del Estado y solo el 1,5% (15) por denuncia de algún familiar.
Llamamiento a la familia
Por esta razón, Ángeles Carmona, presidenta del Observatorio contra la Violencia de Género, hizo este lunes un llamamiento para que el entorno de la víctima se implique más. "En su mano está poder ayudarlas a que den el paso de presentar una denuncia o a presentarla ellos mismos, si es necesario", dijo durante la presentación del informe trimestral.
Durante este periodo se ha notado la entrada en vigor de la reforma del artículo 544 del la Ley de Enjuiciamiento Criminal que recoge el sentir de que un maltratador no puede ser un buen padre, por lo que se han comenzado a suspender o prohibir las visitas a los hijos. Es una forma también de tratar de evitar los casos de violencia vicaria y el asesinato de menores. En Aragón, se han suspendido en 23 casos el régimen de visitas y el aumento porcentual a nivel nacional ha sido de un 270% (se ha pasado las 225 medidas de este tipo acordadas en el primer trimestre de 2021, a 833 en 2022).
Medidas de protección
Los datos del observatorio recogen que, durante el primer trimestre de 2022, los juzgados aragoneses de Violencia sobre la Mujer tramitaron 233 órdenes y medidas de protección, el 90,4 % de ellas a instancia de la víctima, y en total se adoptaron 192 órdenes, de las cuales 165 (el 87,91 %) a petición de la mujer, 11 lo fueron de oficio, 16 a instancias del Ministerio Fiscal y de las restantes, 3 fueron inadmitidas y 38 denegadas.
Dentro de la órdenes y medidas de protección solicitadas al juzgado, el mayor número de ellas fueron pedidas por mujeres mayores de edad (133 por españolas y 92 por extranjeras). A ellas se suman las ocho pedidas por menores de edad, solo una de ellas extranjera. En 149 de casos el denunciado era español y en 84, extranjero.
En total, los juzgados especializados en Violencia sobre la Mujer enjuiciaron a 187 hombres, un 24,7% mas que el año anterior, y el porcentaje de las condenas fue del 89,84%. De los 168 condenados por sentencia, 97 eran españoles y 71 extranjeros, y 19 resultaron absueltos.
De las causas abiertas en Aragón entre enero y marzo, el mayor número de ellas (910), fueron por lesiones y malos tratos, 208 por quebrantamientos, 127 por delitos contra la libertad y la indemnidad sexual, 31 contra la intimidad, 29 contra el honor y 2 contra derechos y deberes familiares.
