El gobierno municipal ha aprobado esta mañana la creación de una oficina antifraude para Zaragoza. El objetivo de este nuevo ente es “contribuir al control y la prevención del fraude y la corrupción en el ámbito municipal”, según ha señalado el concejal de Economía, Fernando Rivarés. Dos años después de que lo anunciara el alcalde, Pedro Santisteve, el reglamento de la oficina queda aprobado por el gobierno, aunque aún deberá pasar por el pleno.

De momento, ZEC no ha decidido a quién será el director. Aunque el nombre debe ser aprobado por tres quintas partes del pleno municipal, es el alcalde quien debe debe proponerlo. Según Rivarés, aún no hay candidatos.

La oficina antifraude se plantea como un organismo independiente y autónomo, aunque dará cuentas al pleno municipal. Controlará la gestión de todo el Ayuntamiento de Zaragoza, incluidos los patronatos y sociedades municipales. Rivarés ha dicho que funcionará “sin competir con otros órganos del Estado”.

Su función será “alertar e investigar el uso ilícito de fundos públicos”, así como las posibles incompatibilidades y conflictos de intereses de políticos y altos cargos. También vigilará los casos en los que pueda haber “un aprovechamiento privado de información”.

El director podrá abrir una investigación de oficio o porque se lo pide el pleno. Por iniciativa propia, podrá actuar tras analizar áreas de riesgo, o cuando haya una denuncia externa que tenga indicios razonables de veracidad. En estos últimos casos, no podrán ser denuncias anónimas, aunque se preservará la confidencialidad del denunciante.

Controlará y gestionará el registro de declaraciones patrimoniales y de actividades que tienen que presentar los concejales todos los años, y podrá investigar posibles incrementos de patrimonio de estos cargos “o de sus familiares”, ha añadido Rivarés. La oficina también llevará un registro de lobbistas y de lobbis.