Los empresarios lamentan que la subida fiscal la soporten "los mismos todos los años"

El gobierno de ZEC aprobó ayer, con el apoyo garantizado de PSOE y CHA, su proyecto de ordenanzas fiscales para el año que viene. En una negociación exprés, los grupos pactaron la bajada o congelación de la mayoría de recibos del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), que es el impuesto que más toca el bolsillo de los zaragozanos. Sin embargo, los 2,5 millones que dejará de ingresar el Ayuntamiento se cubrirán de manera sobrada con los 5,9 millones más que cobrarán a las grandes empresas, según los datos del gobierno. Los empresarios criticaron que la subida fiscal la tengan que soportar "los mismos todos los años", y lamentaron que Zaragoza "no cree el clima adecuado para invertir".

En cuanto al IBI, el concejal de Economía, Fernando Rivarés, aseguró que se congelará o bajará "para 505.000 inmuebles", y que subirá "para el 0,21%". Se trata de las 1.111 empresas que pagan un tipo impositivo diferenciado por ocupar un suelo cuyo valor catastral supere el millón de euros. Son, entre otros, 235 comercios, 345 industrias, 163 oficinas y, desde este año, 191 almacenes, cuya entrada en esta categoría especial aportará 4,2 millones más, siempre según fuentes del gobierno.

Las organizaciones empresariales criticaron ayer, para empezar, no haber podido hacer aportaciones al proyecto, y tanto CEOE Zaragoza como Cepyme lamentaron que no se les tenga en cuenta. El presidente de la primera organización, Ricardo Mur, dijo que el incremento del IBI es "muy negativo", y observó que la subida "siempre se carga sobre los empresarios". Considero "excesivo" que se suba un 7% el recibo, y recordó que "se suma al incremento del año pasado y al impacto de la revisión catastral".

Por su parte, el presidente de Cepyme Aragón, Aurelio López de Hita, celebró la congelación o bajada del IBI para los locales de menos de un millón de valor catastral, pero pidió "reflexionar si es correcto quitar de un sitio para poner en otro", en referencia al recargo a las grandes empresas.

Por último, la presidenta del Colegio de Gestores Administrativos de Aragón y La Rioja, Maite Gómez, dijo que estas ordenanzas fiscales "favorecen a las familias", pero que debido a esta circunstancia el Ayuntamiento "necesita más ingresos". Gómez advirtió que el hecho de buscarlos en las grandes empresas "tiene un sentido negativo", porque a estas compañías "les aumentan los costes fijos" y se provoca "una disminución de la competitividad", ya que "necesita más recursos para producir lo mismo".

La polémica plusvalía

Además, el gobierno también ratificó ayer la propuesta de PSOE y CHA de aumentar las bonificaciones por plusvalía en caso de herencia de residencia habitual. Esta pasará a ser del 95% para la gran mayoría de los inmuebles, los que tienen un valor catastral de menos de 150.000 euros. Además, se fijarán las condiciones para asegurar que este impuesto no se paga en caso de que no haya habido un aumento real del valor del inmueble.

La plataforma Stop Sucesiones, que pretende la supresión tanto del impuesto autonómico como la modificación de la plusvalía, valoró estas medidas como "una concesión mínima" y "unas migajas". Pidió la anulación de la plusvalía por herencia en todos los casos, y no solo para las viviendas habituales, ya que, según dijo "un tercio de la población tenemos una segunda vivienda".