El presunto causante de la explosión de gas que arrasó tres viviendas del número 38 de Tenor Fleta y causó cuantiosos daños en otras cuatro declaró ayer por primera vez por estos hechos. Y lejos de reconocer la autoría del suceso, que le atribuye la Policía y por la que llegó a ser detenido cuando aún estaba hospitalizado, el inquilino del piso 9º F negó haber manipulado la llave del gas. De hecho, declaró no recordar casi nada de lo ocurrido el 12 de noviembre y dejó entrever que se trató de una explosión accidental.

Como consecuencia de la potente onda expansiva, Carlos Roberto Román, de 51 años, sufrió quemaduras en el 40% de su cuerpo, lo que impidió que la Policía pudiera interrogarlo. Sin embargo, tras pasar tres meses hospitalizado, el hombre recibió en febrero el alta médica y el titular del Juzgado de Instrucción número 5 no ha tardado a citarlo en calidad de investigado.

Roberto Román llegó ayer a la Ciudad de la Justicia acompañado de un abogado de oficio y visiblemente recuperado de las gravísimas quemaduras sufridas, lesiones que hicieron temer por su vida. Como publicó HERALDO, el informe de la Policía Nacional deja claro que "la naturaleza del escape de gas fue claramente voluntaria e intencional", descartando "cualquier manipulación accidental". Por ello, las tres acusaciones –particular, DGA y Fiscalía– preguntaron varias veces al investigado si quitó la válvula de la llave de paso para acumular una bolsa de gas.

Pese a reconocer "lagunas", Roberto Román insistió en que ni había manipulado la llave de paso ni ninguna otra conducción. De hecho, mantiene que él se encendió un cigarrillo en el salón ajeno a la gran cantidad de gas acumulado en la vivienda.

La versión del investigado choca con las conclusiones de la Policía Nacional, que mantiene que el responsable del suceso pudo prever el resultado "catastrófico" de su acción. De hecho, califica de "temerario y con desprecio para su propia vida y la del resto de residentes" el grave riesgo asumido.

El abogado Óscar Espinosa, que representa a la otra víctima de la explosión (una mujer de 77 años), considera que estamos ante un delito de estragos y ha pedido al juez que decrete prisión provisional o, de forma alternativa, una medida de alejamiento que impida al investigado acercarse al edificio. El abogado de la DGA, que representa al Salud, se adhirió a su petición. Pese a los tremendos desperfectos provocados, la Fiscalía cree que podríamos estar solo ante un delito de daños y únicamente pide el alejamiento. El juez aún no se ha pronunciado.