La Policía remite al juez un informe sobre las presuntas irregularidades en Sarga

Las presuntas irregularidades en la gestión de la empresa pública Sarga durante los últimos años ya han llegado a los juzgados. Tras varios meses de investigación, el Grupo de Blanqueo de Capitales de la Jefatura Superior de Policía de Aragón ha remitido un primer informe al juez, una vez que ha recabado documentación y ha tomado declaración a varias personas relacionadas con los hechos denunciados por el sindicato Comisiones Obreras en abril. Fuentes policiales confirmaron que durante las pesquisas no ha habido detenciones, pero algunos de los que pasaron por comisaría lo hicieron en calidad de investigados –no concretaron su número– y el resto acudieron como testigos.

Entre las prácticas bajo sospecha que CC. OO. citaba en su denuncia figuraban el cobro de gastos ficticios de kilometraje –tres directivos fueron expulsados por ello– o las cantidades pagadas por varios despidos y recolocaciones de altos cargos. Según el sindicato, el "saqueo" de la mayor empresa pública de Aragón, dedicada a servicios agroambientales, podría rondar el millón de euros desde su constitución en 2012, fruto de la fusión de las antiguas Sodemasa y Sirasa.

A la vista del atestado policial, el Juzgado de Instrucción número 5 de Zaragoza, que se ha hecho cargo del asunto, ya habría citado a algunos de los presuntos implicados, según otras fuentes."Colaboración absoluta"

El juez ya emitió en su día una orden para que el Grupo de Blanqueo de Capitales reclamara determinada documentación a la compañía, dependiente ahora del Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad que dirige Joaquín Olona. Los actuales responsables no pusieron ninguna pega. Desde la Consejería insistieron ayer en que Sarga está a disposición tanto de la Policía como de la Justicia y expresaron su voluntad de "colaboración absoluta" para aclarar determinados aspectos de su gestión, sobre las que sindicatos y partidos políticos han sembrado dudas y sospechas en los últimos años, aunque nunca las habían llevado a los tribunales hasta ahora.

Ayer mismo en las Cortes, durante la comparencia de miembros de la sección sindical de CGT en Sarga, el diputado socialista Enrique Pueyo reconoció que desde la propia empresa "muchas veces" se han puesto trabas para conocer su situación a la llegada del Gobierno PSOE-CHA, al tiempo que admitió que "la gestión no es como debería haber sido". "Los agujeros son tan grandes que entra agua al barco por todos los lados", lamentó en la comisión de Peticiones Ciudadanas.

El detonante de la denuncia de CC. OO. fueron los gastos ficticios en kilometraje que cobró durante año y medio –desde agosto de 2014 hasta el pasado febrero– el que era jefe de área de servicios agrarios, "con la connivencia" de su superior, el director de servicios agrarios y ganaderos, y del responsable financiero de Sarga, que los pagaba. El agujero ascendía a 4.315 euros, según la investigación que abrió en marzo la empresa y que se saldó con el despido disciplinario de los tres.

Apenas un mes después, se conoció la expulsión de otro trabajador del servicio de recogida de cadáveres en Tamarite de Litera (Huesca), que defraudó más de 3.900 euros con tiques falsos de gastos en comidas. Todos estos casos salieron a la luz bajo la dirección del nuevo gerente nombrado por Olona, Jorge Díez Zaera, que a su llegada ordenó a las distintas áreas comunicar cualquier posible irregularidad, aunque la DGA defiende que estas prácticas no son generalizadas.

El presidente aragonés, el socialista Javier Lambán, anunció que se reclamarían las cantidades indebidamente percibidas y Sarga ya ha acudido a los juzgados para recuperar esos 8.200 euros. La vista se ha fijado para 2017.

Pero el frente abierto por la denuncia de CC.OO. podría tener consecuencias mucho más importantes, incluso a nivel político. A las dietas cobradas ilegalmente se suman cuantiosas indemnizaciones y recolocaciones de altos cargos, cifradas en más de 460.000 euros, que se pactaron desde 2013 y hasta el pasado enero, ya con Olona como consejero. Según Comisiones, en determinadas salidas acordadas se llegaron a "cuadruplicar" las cantidades percibidas por otros trabajadores que tuvieron que dejar la empresa.Malversación de caudales

Unas y otras actuaciones podrían ser constitutivas de delito de malversación de caudales públicos y, si se demuestran las irregularidades, las responsabilidades podrían extenderse a quienes autorizaron esas operaciones, incluido el gerente y los miembros del consejo de administración, que preside el consejero –durante el Gobierno PP-PAR, Modesto Lobón– y del que también forman parte varios directores generales.

Además de acudir a la Policía Nacional, CC. OO. denunció la pasada primavera las mencionadas situaciones ante la Inspección de Trabajo y la Agencia Tributaria para que determinaran si se habían cometido también infracciones administrativas.