El Gobierno de Zaragoza en Común cesó ayer por sorpresa al que era su jefe de la Asesoría Jurídica, Luis García-Mercadal, y justificó la decisión por estar "investigado" en el caso de la indemnización de 153 despidos del bus, por la cual también fue llamado a declarar el interventor municipal, José Ignacio Notivoli –en este caso, fuentes municipales aseguraron que su nombramiento es competencia del Estado–; también mantiene querellado a casi todo el anterior gobierno socialista. Le sucederá, de manera provisional, el letrado municipal Carlos Navarro y García-Mercadal mantendrá su puesto de abogado. Al margen de la causa judicial abierta, fuentes muy próximas al Ejecutivo reconocen que la relación de algunos miembros del mismo con García- Mercadal no ha sido buena.

No en vano, la Asesoría Jurídica dirigida por este letrado ha cuestionado algunos aspectos de cómo llevar a cabo la remunicipalización de servicios que prestan diversas contratas, defendida especialmente por el área de Servicios Públicos, que dirige Alberto Cubero. Desde el Gobierno, no obstante, la única causa puesta encima de la mesa ayer fue la mencionada querella.

A la hora de hacer efectivo el cese, el Gobierno no convocó a los medios y lo comunicó horas más tarde, a través de una nota de prensa con unas breves líneas. Fuentes del Ejecutivo, no obstante, explicaron que la medida ha sido tomada "una vez que García-Mercadal acudió a declarar, para evitar perjudicarle en el proceso". Según estas mismas fuentes, el cese ya había sido comunicado al interesado y la decisión –acordada al conocer su situación– se tomó de forma unánime. Consideraron que un encausado que ha sido llamado a declarar, en este caso por la querella sobre una indemnización que firmó el anterior Gobierno local, no puede seguir al frente de un cargo de confianza para el que ha sido elegido directamente por el Ejecutivo de ZEC.

La coalición que gobierna en solitario Zaragoza ha descartado, de este modo, esperar la decisión del juez sobre el caso, en fase de instrucción, y que podría oscilar entre ampliar el número de declaraciones o, incluso, archivar el caso. Asimismo, el Gobierno no ha solicitado formalmente al Ministerio de Hacienda que haga lo propio con Notivoli, interventor municipal.

La querella del sindicato Somos, por malversación de fondos y prevaricación por la que declararon García-Mercadal y Notivoli, es extensiva al exalcalde de Zaragoza Juan Alberto Belloch y los miembros de su gobierno municipal Carmen Dueso, Jerónimo Blasco, Lola Ranera, Roberto Fernández y Fernando Gimeno, actual consejero de Economía de la DGA.

Diferencias de criterio

Entretanto, la decisión de cesar a García-Mercadal causó sorpresa entre algunos grupos municipales. El portavoz del PP en el Ayuntamiento, Jorge Azcón, afirmó que ZEC "tiene un problema de agravio comparativo en estos casos" ya que, a su juicio, "cuando el investigado es de ZEC o afines, como el diputado Jorge Luis, no se le cesa y cuando no lo es, como en este caso ocurre con un funcionario independiente, sí se le puede destituir". Azcón añadió que "una vez más ZEC marca el listón de la exigencia de responsabilidades. En un futuro puede haber más investigados y veremos cómo reacciona".

Desde el PSOE, fuentes de su grupo municipal constataron que este cese, al igual que su nombramiento, atañe al mismo alcalde y a su Gobierno "en función de sus competencias". No obstante, precisaron que García-Mercadal "es un alto cargo que ha servido al Ayuntamiento con siete gobiernos distintos, en puestos de responsabilidad, y para nada esta destitución pone en entredicho su profesionalidad". "Este cese es uno más de los que se están produciendo por goteo sin que obedezcan a criterios objetivables", añadieron.

Alberto Casañal, de Ciudadanos, mostró abiertamente su sorpresa ante la destitución, de la que dijo "pedirá explicaciones" hoy, y quiso saber, entre otras razones, si ha sido "de forma unilateral". También se preguntó por la posibilidad de que el cese pudiera ser temporal en el caso de que se archive la causa, algo que negaron fuentes del Gobierno. Carmelo Asensio, de CHA, dijo que ?"respeta" la decisión del Gobierno "que es de su potestad".

El relevo "provisional"

García-Mercadal, que anteriormente ejerció como director del área de Economía del Ayuntamiento, deja su puesto a Carlos Franco, licenciado en Derecho por la Universidad de Zaragoza. Ingresó como técnico de la administración general del Ayuntamiento de Zaragoza en 1981; en 1986 pasó a trabajar en el servicio jurídico del estado, en 1987 como asesor jurídico del Ayuntamiento, llegando a desempeñar la jefatura de la Asesoría Jurídica, y fue miembro de la comisión jurídica asesora del Gobierno de Aragón y del Consejo Consultivo de Aragón desde 2005 y 2010 respectivamente.