La designación de un abogado defensor para Carmelo Aured, uno de los principales imputados en la operación Molinos, lleva camino de convertirse en un serio problema a tan solo un mes de que comience el juicio por una de las mayores tramas de corrupción urbanística en Aragón, en la que hay imputadas 40 personas y una veintena de empresas. Cuando todavía está por resolverse la petición que la exalcaldesa de La Muela, María Victoria Pinilla, hizo a la Audiencia Provincial para que le rebaje en 50.000 euros la fianza de 800.000 que prestó para salir de la cárcel, y pagar con esa cantidad a su abogado, su primo Carmelo Aured no termina de tener claro qué letrado quiere.

Después de que César Ciriano, el último profesional que defendió sus intereses, renunciara a seguir representándolo, el Colegio de Abogados de Zaragoza designó a Santiago Palazón para que se encargara de oficio de su defensa, pues Aured no había nombrado a ninguno y la ley no permite estar encausado sin representación legal.

El 5 de octubre la Audiencia dio carácter oficial al nombramiento, pero cuando Palazón acudió al centro penitenciario de Zuera para entrevistarse con su nuevo cliente, Aured le dijo que nadie le había informado de su designación y que prefería no ponerse en sus manos hasta que se lo comunicaran oficialmente. De hecho, la oficina judicial de la prisión tardó tres semanas en trasladarle formalmente la designación.

Posteriormente, el 26 de octubre, el acusado envió un escrito de su puño y letra a la Audiencia Provincial en el que renunciaba al nombramiento de Santiago Palazón y de la procuradora Elena María Arrate. Carmelo Aured explicaba que había tomado esa decisión porque este letrado ya defendía a otros imputados en el caso de La Muela, en concreto a Fernando Barba Marcén. Añadía que no se sentía "bien defendido", que renunciaba a ser representado por el abogado de oficio tanto en su nombre como en el de su empresa Activos Productivos Mirasol S. L. y designaba como nuevo letrado a Alfonso M. G. Hasta ahí todo hubiera estado correcto sino fuera porque el profesional al que ha elegido para representar sus intereses no figura en la guía judicial ni está inscrito en el Colegio de Abogados de Zaragoza ni en ningún otro de España. Así se lo ha hecho saber la Audiencia Provincial de Zaragoza en una providencia en la que también dice a Carmelo Aured que le devuelve su escrito al no estar presentado legalmente en forma.Acuerdo de conformidad

Pero además de no estar colegiado, por lo menos a fecha de ayer, Alfonso M. G. tiene en su curriculum una condena de un año de prisión por estafa, que le fue impuesta en abril de 2008 en un juicio en el que llegó a un acuerdo con el fiscal y las acusaciones particulares. El caso estaba relacionado con trámites ilegales para regularizar a inmigrantes. Con lo cual, Palazón –con 29 años de experiencia y que lleva tiempo estudiando la causa de más de 80.000 folios–, sigue siendo su abogado de oficio y, salvo que Aured nombre (y pague) a otro, este defenderá su presunción de inocencia. La que tampoco sabe que Palazón es su letrado es María Pilar Sánchez, esposa de Aured, ya que aún no ha recibido la notificación de que el Colegio se lo asignó para representarla de oficio, lo cual puede lastrar el comienzo del juicio.