El Ayuntamiento de Zaragoza va a modificar los requisitos exigidos hasta la fecha para la apertura de las denominadas panaderías degustación, en auge en la ciudad en los últimos años. La decisión, de la que todavía se ultiman los detalles, llega tras las críticas del sector hostelero y de los principales sindicatos, que veían irregularidades en la concesión de licencias a este tipo de establecimientos.

En concreto, denunciaron que bajo el paraguas del término degustación, se estaba realizando una actividad hostelera que suponía una competencia desleal frente a los bares de la capital aragonesa, que debían hacer frente a mayores exigencias (instalación de baños, licencias más restrictivas, ubicación en zonas no saturadas, etc).

Además, los sindicatos criticaron que los trabajadores de estas panaderías perdían en torno a 6.000 euros al año por no estar regidos por el convenio laboral de la hostelería. Un agravio que debía subsanarse “cuanto antes”.

Ante esta situación se reunió el pasado mes de mayo un grupo de trabajo formado por los sectores afectados y las administraciones públicas para abordar el tema y acabar con estas “ventajas” que obtenían las nuevas panaderías-bar por parte del Ayuntamiento. En esta reunión se alcanzó un “gran consenso”, en palabras de Jesús Boillos, secretario general de Horeca, para llevar a cabo unas medidas correctoras que, tras el cambio político con las elecciones y la llegada del verano, habían quedado paralizadas.

Ahora, el nuevo equipo de Gobierno de Zaragoza en Común va a actuar al respecto. Para el actual concejal de Urbanismo, Pablo Muñoz, “el modelo de estas panaderías nos parece bueno, está funcionando, crea empleo e incluso no genera problemas en las zonas saturadas”. Sin embargo, reconoce que “hay que velar por que las condiciones en las que se presta el servicio sean las adecuadas”.

La propuesta, todavía por definir, pasaría por elevar el nivel de exigencia a estos nuevos negocios, como por ejemplo con la obligación de instalar baños y otros requisitos de carácter sanitario y urbanístico. Además, se estudia la posibilidad de condicionar el tipo de licencia -de bar o de comercio- en función del porcentaje de local dedicado a una u otra actividad.

En cuanto a los salarios y a las condiciones de los trabajadores planteadas por los sindicatos, desde el Consistorio aseguran que “es una cuestión laboral más que de Urbanismo” pero que “se va a colaborar en todo lo posible por mejorarlas”.

Por su parte, las asociaciones empresariales no ven con buenos ojos dar vía libre a la instalación de estos negocios en las zonas saturadas ni diferenciar por el porcentaje de local destinado a cada uso, ya que "se estaría creando una tercera categoría", explica Jorge Bernués, de Cafés y Bares.

Además, recuerdan que estos negocios "se agarran a su licencia de comercio para no pagar lo que deberían a sus trabajadores", por lo que reclaman que la licencia otorgada sea de hostelería. "Es la única manera de conseguir una solución definitiva", argumentan.