La Diputación de Zaragoza ha duplicado las partidas con las que se financian las ayudas de Presidencia, las subvenciones que sus grupos políticos –salvo IU– distribuyen a dedo entre los ayuntamientos en los que gobiernan y entre todo tipo de entidades sin ánimo de lucro. El pleno extraordinario que la institución provincial celebró a finales de septiembre aprobó una modificación presupuestaria por valor de 13,5 millones de euros de los que 10,5 se destinaron a ampliar la consignación prevista para ese reparto.

De esta forma, las partidas para ayudas de Presidencia pasaron de 10,4 a casi 21 millones de euros, lo que supone el 12% del presupuesto total de la DPZ para 2014 y que por primera vez este año se ha previsto alcanzar el tope recogido en el plan estratégico de subvenciones de la Diputación de Zaragoza –aunque este documento prevé destinar a las ayudas de Presidencia hasta 21 millones, el año pasado se consignaron unos 18 millones y en 2012, en torno a 16,7–.Menos dinero para entidades

No obstante, también es reseñable que, mientras el montante total destinado a las subvenciones para ayuntamientos se amplía de 13 a 17,5 millones, las partidas dirigidas a entidades sin ánimo de lucro disminuye de 5 a 3,4 millones. En las ayudas para municipios al menos el dinero beneficia a las localidades elegidas, pero las subvenciones que reciben asociaciones, clubes deportivos, ONG y otros muchos colectivos van a entidades privadas que pueden ser elegidas con criterios partidistas.

Las ayudas de Presidencia se daban en la época del socialista Javier Lambán y se siguen otorgando bajo el mandato del popular Luis María Beamonte. Se trata de una práctica que no cumple todos los principios exigibles en cualquier convocatoria de subvenciones: transparencia, publicidad, concurrencia, igualdad... Sin embargo, PP, PSOE, PAR y CHA la aceptan y la mantienen porque todos se benefician de ella –sobre todo, cuando gobiernan–. Solo IU, que no tiene alcaldes, ha decidido estar al margen y denuncia una y otra vez en los plenos la discrecionalidad de estos fondos.

Las bases de las convocatorias establecen que la concesión de las ayudas de Presidencia debe fundarse en la "singularidad, urgencia o excepcionalidad" de la solicitud –en el caso de los ayuntamientos– o en que las inversiones y actividades beneficiarias "incidan directa o indirectamente de forma positiva en los intereses públicos provinciales" –en lo que atañe a asociaciones, ONG, sindicatos, clubes deportivos, fundaciones...–. Sin embargo, esos requisitos se utilizan para disfrazar unas subvenciones que se reparten entre los grupos en función del número y del tamaño de los municipios en los que gobiernan. Luego, son los partidos los que distribuyen ese dinero entre sus ayuntamientos y deciden qué entidades se benefician de él. 

La consecuencia de esta fórmula de reparto es que los municipios y las asociaciones no concurren a estas subvenciones en igualdad de oportunidades y no se garantiza que el dinero lo reciban quienes más lo merecen. Además, las ayudas de Presidencia sirven para reforzar el poder orgánico de los responsables de los partidos –los alcaldes saben que, si se enfrentan a ellos, se pueden a quedar sin nada– y favorecen los intereses electorales de cada grupo –las subvenciones a entidades sin ánimo de lucro son una valiosa herramienta para tratar de ganar votos–. 

El presupuesto inicial de la DPZ para 2014 consignaba a las partidas con las que se financian las ayudas de Presidencia 4,5 millones de euros:3,1 para los ayuntamientos y 1,4 para asociaciones y otros colectivos. No obstante, en marzo ya hubo una primera modificación presupuestaria que las amplió en otros 6 millones:4,5 para las subvenciones municipales y 1,5 para las que reciben las entidades sin ánimo de lucro. Ese dinero extra procedía de la liquidación de las cuentas de 2013, que se cerraron con un remanente de tesorería positivo de 27,6 millones.

A finales de septiembre, la Diputación aprobó una segunda modificación del presupuesto que duplicó las partidas para ayudas de Presidencia con otros 10,5 millones: 10 para los municipios y 500.000 euros para las asociaciones y otro tipo de colectivos. Una parte del dinero procedió de las cantidades dadas de baja porque no se iban a gastar y el resto volvió a sacarse del remanente líquido de tesorería.Una convocatoria especial

No obstante, para cumplir lo estipulado en Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, la DPZ ha tenido que poner como condición que 6,5 millones procedentes del remanente de tesorería se tengan que destinar, obligatoriamente, a ejecutar inversiones que sean financieramente sostenibles y que se realicen en municipios cuyas arcas estén saneadas.

Esto ha obligado a realizar una convocatoria especial de ayudas de Presidencia a la que solo pueden presentarse los ayuntamientos que cumplan todos los requisitos económicos que exige esa ley estatal y que solo podrá sufragar iniciativas que cumplan los requisitos establecidos en la legislación para establecer qué inversiones son financieramente sostenibles:no pueden tener una vida útil inferior a cinco años, no pueden sufragar la compra de muebles, enseres o vehículos...