El Ayuntamiento tiene que pagar 99 millones de euros en seis años por la deuda de ZAV
La Cámara de Cuentas avisa de que en 2011 el Consistorio debería haber hecho dos provisiones por 28,7 millones.Gimeno rechaza los criterios de los auditores y asegura que el préstamo participativo se puede renegociar
El Ayuntamiento de Zaragoza tiene la obligación de desembolsar 99 millones de euros en el plazo de seis años en el marco del préstamo participativo suscrito por la sociedad pública Zaragoza Alta Velocidad (ZAV). Así figura en el informe provisional de fiscalización de la Cámara de Cuentas del ejercicio 2011, con un calendario de amortizaciones que dispara el peso de esta deuda conforme pasan los años. Este préstamo participativo, suscrito en junio de 2013, también lo asumen el resto de los socios de ZAV, la DGA y el Ministerio de Fomento (Adif y Renfe), con 100 y 200 millones respectivamente.
Según el citado calendario y siempre y cuando no se renegocie la deuda, este año 2014 el Ayuntamiento tiene que aportar dos millones de euros. Pero en 2015 la cifra se eleva hasta los ocho millones de euros. Es a partir de 2016, una vez pasadas las elecciones municipales, cuando el peso de la deuda se dispara. Ese año habría que aportar 14 millones; en 2017, otros 18,75; en 2018, 23,75; y en 2019, 32,5 millones. El millón que falta para completar los 100 que le corresponden en total al Ayuntamiento se abonó en el año 2013.
Este ejercicio, entre amortizaciones y gastos financieros, el Ayuntamiento tiene que pagar por todos sus créditos 85,3 millones de euros, el 12,7% de su presupuesto, por lo que el préstamo de ZAV amenaza con condicionar gravemente la política de gasto en la próxima corporación. El vicealcalde y concejal de Hacienda, Fernando Gimeno, advirtió de que a partir de 2015 se reducirá el peso de la deuda en las cuentas municipales, dado que ya no confluirán los dos planes de pago a proveedores que han lastrado el presupuesto los últimos años.
En cualquier caso, Gimeno restó importancia a la deuda de ZAV, dado que "está condicionada a que se venda o no el suelo". "Este tema lo arreglará el Estado y se puede resolver vendiendo el suelo o renegociando la deuda. Políticamente no tenemos mucha urgencia", afirmó. Gimeno no consideró que la crisis del sector inmobiliario sea un impedimento para que en los próximos años se pueda colocar parte del suelo y citó que podría haber fondos de inversión interesados en adquirir parcelas en el barrio de AVE.
Según indica el informe, el balance de situación de Zaragoza Alta Velocidad arroja un saldo negativo de 406 millones: la sociedad tiene deudas por obras ejecutadas por valor de 486,7 millones, frente a 80,4 pendientes de cobro. "Al tratarse de obras ejecutadas, se trata de un derecho de cobro frente a los propios accionistas, en proporción al porcentaje de participación en la sociedad", subraya.
La Cámara de Cuentas argumenta que, pese a que el préstamo participativo es del año 2013, "los problemas financieros de la sociedad para poder hacer frente a sus deudas ya eran evidentes en el ejercicio 2011", que es el que ha sido objeto de fiscalización. No en vano, recuerda que en 2012 los socios ya aceptaron aportar a la sociedad fondos para satisfacer los gastos financieros del crédito sindicado con el que se habían financiado las obras.Provisiones pendientes
Como conclusión principal, el organismo fiscalizador detecta que el Ayuntamiento de Zaragoza debería haber cerrado el ejercicio 2011 con dos provisiones con cargo al resultado del ejercicio presupuestario por valor de 28,7 millones de euros para hacer frente a la situación económica de ZAV. Una es de 7,6 millones, por la depreciación de la participación municipal en el capital social de ZAV. El organismo fiscalizador plantea otra provisión de 21,1 millones restantes, para cubrir el patrimonio negativo de ZAV que han generado las pérdidas acumuladas y que está cifrado en 84,5 millones de euros, según las cuentas anuales de la sociedad pública.
Como en otras irregularidades contables recogidas en el informe de la Cámara de Cuentas, Gimeno negó que esas provisiones fueran necesarias. Rechazó la tesis de los auditores, entre otros motivos porque el Gobierno de Aragón, afectado también por el préstamo participativo, tampoco hizo esas provisiones. "La DGA no provisionó. ¿Por qué habla entonces del Ayuntamiento? Nunca lo han dicho", recordó Gimeno, que indicó que en el informe de fiscalización de la DGA, correspondiente también a 2011, no se cita la obligación de hacer esas provisiones, a diferencia del documento municipal.
