Solo 800 de las 12.000 viviendas ilegales de Zaragoza están cerca de lograr la regularización

Aunque no hay un censo preciso al cien por cien, se calcula que son más de 12.000. Es decir, más que en Valdespartera y Rosales del Canal juntos. Están en los alrededores de Zaragoza, y brotan de manera ordenada en urbanizaciones o de forma espontánea en lugares insospechados, sin contar con alineación alguna. Se trata de las viviendas ilegales –o periféricas, como las llaman sus propietarios–, surgidas principalmente en los años 70 y 80 del siglo pasado al margen del ordenamiento de la ciudad. Con el paso de los años se han quedado en una especie de limbo legal, en el que ni hay nuevas sanciones ni se avanza de forma decidida hacia su legalización.

Solo unas cuantas, las que respondían a una serie de requisitos, entraron en 2001 en un proceso de regularización. Se trata de las conocidas como ‘zonas k’, o «áreas de regularización de parcelaciones irregulares». En la práctica, son cinco urbanizaciones de Garrapinillos (Conde Fuentes y Joaquín Costa), Peñaflor (El Regao y Los Guarales) y Fuente de la Junquera (calle del Geranio). Trece años después, todas tienen aprobadas de forma inicial su plan especial, uno de los primeros trámites urbanísticos necesarios para la legalización. Sin embargo, dos de ellas están lejos de llegar al final y otra, incluso, ya ha renunciado oficialmente a hacerlo por motivos económicos.

No sin esfuerzo, y de manera muy lenta, Conde Fuentes, El Regao y Los Guarales se encuentran a punto de culminar el proceso, ya que el año pasado presentaron el proyecto de reparcelación, que está a la espera de aprobación. La primera de ellas, en Garrapinillos, ocupa una superficie más grande que la del propio barrio rural. El año pasado presentó el proyecto de urbanización y esta misma semana se ha aprobado de manera inicial. Cuando tenga el visto bueno definitivo, así como la reparcelación admitida, podrá comenzar las obras de urbanización, con lo que sus viviendas ilegales podrían quedar legalizadas al cien por cien. Lo mismo pasa con las urbanizaciones de El Regao y Los Guarales, en Peñaflor.

Estos tres núcleos, que suman algo menos de 800 chalés, pidieron al Ayuntamiento que fuera él quien gestionara las futuras obras de urbanización, que les tienen que dotar en un futuro de unas calles con la anchura y los giros reglamentarios, de sistema de vertido y de abastecimiento de agua, principalmente. Como hay vecinos que no quieren o no pueden asumir las derramas que se les van a girar –que pueden oscilar entre los 20.000 y 30.000 euros–, prefirieron que fuera el Consistorio el que tutelara el proceso y el que reclamara las deudas a los morosos. Urbanismo hizo la encomienda a la sociedad pública Ecociudad Zaragoza que, llegado el momento, adjudicará las obras, estimadas en unos 10 millones para el caso de Conde Fuentes y en 5 o 6 para el caso de El Regao y Los Guarales.

El caso contrario es el de la urbanización en torno a la calle del Geranio, en la Fuente de la Junquera. Se trata de un pequeño núcleo de unas 30 viviendas ilegales que forman una de las ‘zonas k’ y que en 2010 recibieron la aprobación de su plan especial. Sin embargo, recientemente anunciaron su renuncia a continuar con el proceso. Más de la mitad de los propietarios se opusieron, principalmente por motivos económicos, ya que no estaban dispuestos a asumir los costes de la urbanización. La otra ‘zona k’, la urbanización Joaquín Costa –físicamente pegada a Garrapinillos– no ha renunciado pero los trámites de su legalización van lentos.

El resto sigue en el limbo

Si los trámites de legalización de estas urbanizaciones están siendo lentos, y su ejecución muy complicada, el resto de viviendas ilegales de la capital aragonesa están directamente atrapadas en un limbo legal. Los chalés de las ‘zonas k’ no llegan al millar. El resto, hasta llegar a las 12.000 que se estima que hay en Zaragoza, están en un punto en el que ni se impulsa su legalización –generalmente porque es muy complicada o imposible– ni se les sanciona o se toman medidas más drásticas.

Otras cuatro urbanizaciones de Garrapinillos (Torre del Francés, La Sagrada, Clavería y La Frondosa) se han postulado como candidatas a entrar en el proceso de regularización. Sin embargo, antes de incorporar una sola vivienda hay que realizar un censo de urbanizaciones ilegales en la ciudad, un trabajo que lleva años estancado, primero por dejadez del Gobierno de Aragón y, ahora, del Ayuntamiento. Ángeles Sáez, presidenta de la coordinadora de viviendas periféricas, ve una clara «falta de voluntad política» en Urbanismo.

El resto de viviendas ilegales –es decir, la gran mayoría– ni siquiera aspiran a superar el proceso de regularización. En algunos casos se considera imposible por su dispersión y lejanía con cualquier otro núcleo urbano, por lo que llevar hasta allí el suministro de agua o el saneamiento resulta inviable. Por lo tanto, estas viviendas, muchas de las cuales se usan como primeras residencias, seguirán con fosas sépticas prefabricadas, pozos para el suministro de agua y un precario alumbrado. Sáez insiste en que habría que buscar «una fórmula para legalizar las viviendas de manera asumible para sus propietarios». El Ayuntamiento, por su parte, descarta procesos masivos de legalización, aunque tampoco impondrá nuevas sanciones.