Veinticuatro personas se sentarán en el banquillo de los acusados para responder por un presunto fraude a la Seguridad Social y varios delitos de falsificación de documentos oficiales. La Fiscalía solicita para los imputados penas que suman 36 años de prisión y la devolución al Servicio Público de Empleo Estatal de 125.109 euros, cantidad que recibieron en concepto de subsidios de desempleo que no les correspondían.

El presunto fraude se llevó a cabo entre los años 2012 y 2014 y el cerebro del mismo, según la acusación pública, fue Mario O. B. Este constituyó en 2009 la mercantil Suministros Maol S. L., en la que figuraba como único socio y administrador. A pesar de que la empresa no realizaba trabajo ni actividad alguna, el acusado, al menos durante los años 2012, 2013 y 2014, dio de alta como trabajadores de la misma en la Seguridad Social a un buen número de personas a las que cobraba diversas cantidades por hacerles los contratos.

Los documentos los elaboraba con los datos proporcionados por los colaboradores y con su pleno conocimiento y connivencia, según la fiscal. De esa forma, figuraban como empleados de una empresa en la que nunca llegaron a trabajar. La simulación de las relaciones laborales les reportó ingresos en forma de prestaciones por desempleo en la mayoría de los casos y, en dos ocasiones, un permiso de residencia temporal.

Además de Mario O. B. –que tiene dos condenas anteriores por falsificación y estafa– dieciocho de los acusados son españoles que fueron dados de alta en la Seguridad Social durante determinados periodos de 2011 a 2013 y que les proporcionaron derechos a subsidios por importes que oscilan entre 2.556 y 11.502 euros. Por fechas, se aprecia que el falso empresario simuló contratos por pequeños periodos de tiempo que completaban el tiempo requerido para obtener las prestaciones.

Así, llama la atención, por ejemplo, que a la acusada Susana C. C. le dio de alta nueve días (del 22 al 30 de noviembre de 2012) y percibió el subsidio por desempleo desde el 1 de diciembre de ese año hasta el 11 de enero de 2014, con total de 9.551 euros. Parecida es la situación de Fernando José J. J., que fue dado de alta dos periodos de tres meses en la empresa y recibió 10.792 euros.

La cantidad más alta, 11.502 euros, la cobró Amparo H. J. por un supuesto trabajo por el que figuró de alta en la Seguridad Social como empleada de Maol S. L. durante 22 días. María Ángeles H. J., percibió 11.090 euros en virtud de un fingido contrato de trabajo desde el 27 de marzo de 2013 hasta el 20 de agosto del mismo año. Ese día presentó la solicitud para obtener la prestación, la cual cobró desde el 21 de agosto de 2013 hasta el 30 de diciembre de 2015.

La Fiscalía pide cuatro años de cárcel –la pena más alta– para Mario O. B. por un delito continuado de falsedad en documento oficial y otro contra la Seguridad Social, con la agravante de reincidencia. También solicita una pena multa de 300.000 euros.

Para otros siete acusados reclama dos años de prisión para cada uno por falsedad; para nueve pide penas de un año y nueve y para otros dos, un año y medio para cada uno. En cuanto a los cinco extranjeros que trataron de obtener una tarjeta de residencia, solicita nueve meses de cárcel.