El alcalde de Zaragoza, Pedro Santisteve, ha declarado antes de comparecer este miércoles en la comisión de investigación de Ecociudad que esta sociedad municipal, responsable de la depuración en la capital, tiene un funcionamiento “ineficiente” y ha defendido su desaparición para integrar todo el ciclo integral del agua. “Ecociudad tal vez no tenga mucho sentido y lo lógico es que el Ayuntamiento recupere la gestión directa de este servicio, integrando el saneamiento y la depuración de las aguas con el abastecimiento”, ha dicho.

Santisteve ha aludido a los “problemas de control” de las contratas que dependen de esta empresa pública y al “grave deterioro” de las plantas de depuración para justificar su posición, además de a “la falta de transparencia”. Hay que recordar que Ecociudad es una sociedad 100% municipal que está presidida por el propio Santisteve. El alcalde no ha querido explicar cómo se produciría el “rescate” de esa sociedad, que fue creada con los votos de PSOE, CHA e IU (hoy integrado en ZEC) la pasada corporación tras un intento por parte de estos tres partidos de privatizar la depuración de aguas.

El regidor se ha mostrado dispuesto a responder todas las preguntas de los grupos políticos, en la sexta jornada de comparecencias de la comisión de investigación. “No tenemos nada que ocultar”, ha dicho. En este sentido, se ha referido al objetivo principal de la comisión, que es dilucidar las actuaciones seguidas por el gobierno de ZEC en el seno de la sociedad y que derivaron en un proceso judicial en el que fue citado como investigado el gerente, Miguel Ángel Portero, y que fue archivado al no haber ningún indicio de delito.

“Nunca he dirigido un procedimiento contra nadie”, ha dicho el alcalde, enfrentado desde hace meses con Portero y a quien ha tratado de destituir sin éxito por falta de apoyo del resto de grupos. Ha recordado que lo que hizo fue acudir “al órgano competente”, en referencia a la Fiscalía, cuando hubo unos trabajadores de la depuradora de La Almozara que quisieron poner de manifiesto unos hechos “que pudieran ser perseguibles penalmente”.

Santisteve acudió en mayo de 2016 al fiscal jefe a entregarle un dosier que incluía un acta, la cual entendía que había sido falsificada para justificar la ausencia de unas mejoras en la planta, valoradas en 220.000 euros. Aquello acabó con Portero y otros cuatro trabajadores citados a declarar como investigados. Lo que ocurrió realmente es que esos trabajos se modificaron por otros que se consideraron más convenientes. Al final esa investigación fue archivada tras el cambio de declaración de un testigo.

“¿Quién decidió que estos hechos pudieran ser constitutivos de delito? El fiscal. ¿Quién decidió llevar esta denuncia a los tribunales? El fiscal”, ha dicho Santisteve. Antes de comparecer en la comisión de investigación, ha declarado: “En ningún momento este ayuntamiento ha ejercitado acciones contra ningún funcionario. Que quede claro, aunque algunos por mucho que se lo explique no les va a entrar en la cabeza porque no quieren admitirlo”.