El PSOE alerta de la "constante inseguridad jurídica" a que se aboca al Ayuntamiento

El PSOE ha presentado varias iniciativas al próximo Pleno, preocupado por la "falta de transparencia que envuelve a las iniciativas que pone en marcha el Gobierno de Zaragoza en Común (ZeC) y por la "inseguridad jurídica" a que se aboca de manera constante el Ayuntamiento de Zaragoza.

Entre las iniciativas, figura una moción vinculada al anuncio de internalización del servicio de Parques y Jardines que ha anunciado el consejero municipal de Servicios Públicos, Alberto Cubero, quien además ha hecho referencia a supuestos ahorros en el servicio con el cambio de modelo y a la existencia de informes que lo corroboran y que guarda "celosamente".

El concejal de Economía del grupo municipal del PSOE, Javier Trívez, ha asegurado que los grupos municipales no cuentan con informes, ni con ningún tipo de documentación que les permita conformar un juicio y adoptar una decisión, por lo que "queda claro que se está trabajando de espaldas" a los grupos municipales, reforzando "la opacidad" de los procesos que se ponen en marcha.

Por eso, el PSOE ha instado al Gobierno de la ciudad a remitir a los grupos los informes jurídicos y económicos que existan respecto a una posible municipalización de Parques y Jardines, además de los cambios que se planteen introducir en los pliegos de condiciones ante una posible licitación del servicio.

De la misma manera, se ha pedido constituir, en el plazo improrrogable de una semana, la Comisión Especial de Vigilancia de la Contratación (prevista en el Reglamento Orgánico del Ayuntamiento), que debe ser el órgano en el que se debatan los procesos de externalización e internalización de los servicios públicos.

Los socialistas han recordado que ya hay dos acuerdos plenarios de enero y septiembre del año pasado, que urgían la puesta en marcha de esta comisión, y a los que se ha hecho caso omiso.

La segunda moción, explicó Trívez, tiene por objeto "censurar" la gestión de las áreas de Servicios Públicos y Movilidad en el expediente de ampliación del contrato del servicio Bizi con la multinacional Clear Channel.

Trívez ha recordado que tanto la Intervención General del Ayuntamiento, en una primera instancia, como el Consejo Consultivo de Aragón, han rechazado el procedimiento impulsado por ZeC para ampliar el número de bicis y de estaciones en la ciudad, sufragándolo con una aportación directa del Ayuntamiento.

"El revés a la manera poco ortodoxa" de trabajar pone además en peligro la ampliación de la bici pública a todos los barrios de la ciudad, que es un proyecto que está en el ADN de los socialistas", ha recalcado Trívez.

Además de dejar patente la censura a la manera de trabajar de ZeC, la moción que presentan los socialistas en el próximo Pleno insta al Gobierno a exponer, en dos semanas, un nuevo plan de extensión de la bici a todos los distritos que "se ajuste a la legalidad".

Entre las iniciativas presentadas por el PSOE destaca también una pregunta dirigida al alcalde de la ciudad, Pedro Santisteve, para saber si comparte las declaraciones efectuadas por el consejero de Servicios Públicos, Alberto Cubero, sobre la instrucción que se realiza en el juzgado del accidente en la carpa de la 'Oktoberfest' por la que está actualmente procesado.

Cubero ha asegurado que se trataba de un "juicio político" por su supuesto enfrentamiento con las grandes empresas del país. Finalmente, el PSOE ha planteado una comparecencia del primer edil para que opine sobre la situación de inseguridad jurídica del Ayuntamiento de Zaragoza, ya que cuando se está próximo a cumplir dos años de mandato, buena parte de la gestión del consistorio acaba "embarrancada" con pronunciamientos jurídicos en contra o con "varapalos" de los órganos preceptivos de la Comunidad Autónoma.

Trívez ha recordado el episodio del intento de cambio de nombre del Príncipe Felipe, el del 010, pasando por Averly o por la aludida ampliación de la Bizi, entre otros asuntos. "En todos ellos, se sucede una falta preocupante de respeto a la legalidad", ha observado señaló.

El concejal de Economía del PSOE, Javier Trívez, se ha referido también a la evolución del impuesto de plusvalía, que va a ser objeto de variación de manera indiscutible después de una sentencia dictada en Guipúzcoa, pero que, previsiblemente, va a tener una traslación a toda España.

Trívez ha recordado que primero en 2016, pero sobre todo en 2017, el PSOE ha tratado de contener este impuesto, especialmente en los casos 'mortis causa' sobre la vivienda habitual. En la correspondiente Comisión de Economía, Trívez reclamará datos para conocer el comportamiento de la plusvalía en 2017, de manera que si no se va por "la buena senda, los socialistas volverán a ser proactivos para que la bonificación por este concepto acepte a todos los afectados."

Las modificaciones que se introdujeron en las ordenanzas de este año, ya contemplan bonificaciones del 95% en los inmuebles que cuentan con un valor catastral del suelo de hasta 100.000 euros, y una bonificación del 50 por ciento en los que los valores están entre 100.000 y 150.000 euros.

De la misma manera, el PSOE ha conseguido que se eliminara la necesidad de mantener la propiedad de la vivienda durante cinco años para poder acceder a la bonificación, ha remarcado Trívez.