El pleno del Ayuntamiento ha vuelto a tumbar este viernes por la tarde el Plan Económico Financiero que proponía el Gobierno, después de que los votos de PP, Ciudadanos y CHA impidieran que se incorporara al texto una enmienda acordada por ZEC y el PSOE y con la que, supuestamente, se ampliaba la inversión.

El plan es un documento clave para garantizar el cumplimiento de la regla de gasto y reducir la deuda y, por segunda vez esta semana, el Gobierno de Santisteve no ha conseguido sacarlo adelante. Aunque en los últimos días habían negociado con el PSOE una modificación de crédito de 41 millones de euros, ha sido el rechazo de CHA el que le ha pasado factura a las previsiones del concejal de Economía Fernando Rivarés.

De los citados 41 millones, 11 procedían de la deuda que se mantiene con la sociedad Zaragoza Alta Velocidad, mientras que los otros 30 se atribuían al futuro fondo impulso, si bien la oposición en bloque recordó al gobierno que este fondo se destina en exclusiva a pagar deudas de sentencias condenatorias firmes y no para nuevas inversiones.

Un plan, que ha recordado el consejero de Economía y Cultura, Fernando Rivarés, es "obligatorio, fruto de una ley "estúpida" que prima a la banca por encima de los intereses de la ciudadanía.

No obstante, ha dicho que el plan es "bueno e imprescindible" para Zaragoza y que lo que recoge son "previsiones, las mismas del estúpido manual de Hacienda" para elaborarlo en referencia a que recomienda que "en el caso de que los resultados sean negativos aplíquese una medida ficticia cuyo resultado sea igual a cero".

El responsable de las arcas municipales ha advertido además de que no votar a favor "es una irresponsabilidad absoluta, un crimen contra esta ciudad" cuyas consecuencias "serían terribles".

"No estamos dispuestos a hacer actos de fe" ha sido el motivo esgrimido por el portavoz del PP, Jorge Azcón, para votar en contra y se ha preguntado "si el otro plan era prudente, con una previsión concreta de ingresos, este, que dispara los gastos, es imprudente".

Para Azcón, éste es "igual de austericida porque el incremento solo va a pagar sentencias judiciales" y ha recordado que Zaragoza es la única capital de España que tiene que hacer un plan de ajuste.

En este sentido, ha advertido de que "si no fuera por el Gobierno de España, este ayuntamiento estaría en bancarrota".

El portavoz económico del PSOE, Javier Trívez, para quien un plan económico es "una mala noticia porque es la prueba de que la economía no va por el camino adecuado", ha recordado que en la comisión se abstuvo por considerar que no era un plan creíble, además eminentemente técnico.

Según Trívez, el nuevo plan recoge "modificaciones sustanciales" porque se produce un ajuste a la realidad y ha puesto como ejemplo que en el capítulo 2 había una reducción del 2% y ahora sube un 1,1 y el 6 se reducía un 48% y ahora presenta un crecimiento del 9%.

La portavoz de Ciudadanos, Sara Fernández, ha mantenido su voto en contra por considerar que "sigue sin ser un plan" y sin medidas a adoptar a pesar de la situación de colapso del ayuntamiento.

Según Fernández, el nuevo documento solo presenta dos novedades: se cuantifica en 11 millones la renegociación de la deuda con ZAV y se prevé solicitar en 2017 30 millones de euros al Fondo de Impulso Local para pagar sentencias, gastos de personal, gasto corriente y capítulo VI, cuando, ha dicho, le hubieran gustado medidas para luchar contra el fraude, limitar salarios en alta dirección y reducir el personal de confianza.

Fernández, quien ha echado en falta información para apoyarlo, ha asegurado que con este plan no se aumentan las inversiones.

En opinión del portavoz de CHA, Carmelo Asensio, el nuevo plan es una "autoenmienda" del propio gobierno a una propuesta original y ha compartido la idea de Trívez de que es una "mala noticia" porque significa que Zaragoza "no ha cumplido con una serie de indicadores económicos", pero también que habría que hablar de por qué se está incumpliendo la regla de gasto o por qué hubo que acudir a un fondo "para pagar millones y millones de sentencias".

Según CHA, el único cambio son 30 millones de euros más en el capítulo 9, que se han metido a "golpe de martillazo" y que corresponden a un nuevo fondo de impulso económico para pagar sentencias, lo que supone, ha advertido, "más deuda" y "no para mejorar servicios públicos".