ZeC recurrirá la sentencia que condena al Ayuntamiento a pagar 10,8 millones a FCC
?La sentencia da la razón a la empresa FCC, que interpuso un recurso contencioso administrativo.
El Gobierno de Zaragoza ha decidido este viernes apelar la sentencia por la que se condena al Ayuntamiento a pagar a FCC 10,8 millones de euros por la no revisión de precios del servicio de recogida de basuras y limpieza de los años 2012 y 2013, de acuerdo con el informe jurídico que así lo aconseja.
El anuncio lo ha hecho público el portavoz del Gobierno municipal,
Fernando Rivarés, tras la reunión del Gobierno de la Ciudad en la que se ha dado cuenta del informe jurídico encargado para analizar las posibilidades de recurrir la sentencia del juzgado de lo Contencioso Administrativo número 5 de Zaragoza.
La sentencia da la razón a la empresa FCC, que interpuso un recurso contencioso administrativo en julio de 2014 después de que el Ayuntamiento desestimara las solicitudes de revisión de precios para los ejercicios 2012 y 2013, en el contrato de gestión del servicio público de limpieza viaria, recogida y transporte de residuos urbanos, revisión que suponía 5.427.814 euros para 2012 y 5.418.198 para 2013.
La sentencia interpreta que el nuevo contrato se licitó antes de que en abril de 2008 entrara en vigor la nueva Ley de Contratos del Sector Público, por lo que, con la legislación anterior, FCC tiene derecho a esa revisión de precios, que afecta a conceptos como mano de obra, carburantes o gastos generales.
Según Rivarés, el informe recomienda apelar porque el propio juez entiende que la interpretación es debatible y además no condena a costas.
El consejero ha recordado que la obligación del Gobierno es defender los intereses de la ciudad, y se va a apelar porque "así lo recomiendan los servicios jurídicos" además de porque "no es ninguna suerte tener que pagar esa cantidad".
Por su parte, el consejero de Urbanismo, Pablo Muñoz, ha advertido de que "si no recurrimos parece que nos estamos allanando a las pretensiones de Tuzsa", anterior concesionaria del transporte público, que reclama otros 40 millones y que también está recurrido por parte del Ayuntamiento.
No obstante, han anunciado que si durante el proceso esta sentencia fuera contraria a los intereses del Ayuntamiento se retiraría la apelación contra FCC.
