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Caso La Muela

Doce acusados del caso La Muela se conforman con las penas que pide la Fiscalía

La mayoría podrán evitar el ingreso en prisión.

M.A. Coloma Actualizada 10/03/2016 a las 00:11
Juicio del caso La Muela

Doce de los acusados del caso La Muela han mostrado su conformidad con las penas que les pide la Fiscalía. Lo han hecho tras pactar con esta, reconocer todos o parte de los hechos y conseguir rebajas sustanciales en sus respectivas condenas. Entre quienes se han arreglado con la acusación pública figuran el empresario y dueño de Aranade, Julian de Miguel, para el que se pedían 26 años de cárcel y que ahora se enfrenta a siete y diez meses.

La ex alcaldesa de la muela, María Victoria Pinilla, que se enfrenta a una petición de pena de 35 años, no ha llegado a ningún acuerdo, pero si lo han hecho y han mostrado su conformidad con las penas cinco miembros de su familia: su exmarido, Juan Antonio embarba, los tres hijos del matrimonio -Jorge, Víctor y Juan Antonio- y su hermana Dolores. Salvo el primero, que tendrá que seguir negociando, el resto evitarán el ingreso en prisión.

Otras reducciones


La Fiscalía Anticorrupción de Zaragoza presentó este miércoles al tribunal sus calificaciones definitivas, en las que incluyó una sustancial rebaja de las penas de prisión que solicitaba inicialmente para los 41 acusados. De hecho, antes sumaban siglo y medio y ahora ni siquiera alcanzarán los 70 años. Los más beneficiados de este recorte son todos aquellos encausados que reconocieron toda o parte de su culpa durante el juicio, contribuyendo así a apuntalar los cargos que pesan sobre la exalcaldesa y principal imputada. Porque esta rompió in extremis el pacto que había alcanzado con el ministerio público y ni siquiera quiso prestar declaración durante la vista.

Quienes sí han sabido negociar sus condenas han sido el resto de acusados del clan Pinilla: empezando por el exmarido de la exregidora, Antonio Embarba, quien se enfrentaba a once años y medio de cárcel y para el que no se piden más que tres. También se han beneficiado de los acuerdos los tres hijos del matrimonio –Víctor, Juan Antonio y Jorge–, así como la hermana de María Victoria Pinilla, Dolores. Para convencer a la Fiscalía, la familia tuvo que depositar una importante cantidad de dinero y comprometerse a contribuir al pago de la importante indemnización que –en caso de condena– pudiera recaer sobre la matriarca. Cabe recordar que la acusación pública le exige el pago de más de 3,5 millones en concepto de responsabilidad civil y casi 25 millones en multas.


Los que también llegaron al juicio con un arreglo fueron otros dos de los principales encausados. Por un lado, el dueño de la empresa Aranade y gestor del urbanismo en La Muela, Julián de Miguel, y por otro, el conseguidor Carmelo Aured (actualmente en prisión por una pieza separada de la Operación Molinos). El primero ha logrado la rebaja de pena más significativa, ya que se enfrentaba a una petición de 26 años de prisión y hoy tan solo le exigirán 7 años y diez meses. También ha conseguido que el ministerio público reduzca en seis meses la condena que solicitaba para sus dos hijos, Julio y David. Parece poco, pero es lo suficiente para evitarles el ingreso en Zuera. En su caso, para arreglarse con la Fiscalía, Julio de Miguel, que ya tiene todo embargado, tuvo que depositar otros 600.000 euros.Debió reconocer también durante el juicio que ‘agradeció’ a Pinilla la confianza depositada en él con regalos que costaron varios millones de euros.


La rebaja en la condena de Carmelo Aured tampoco es pequeña: de 22 a 13 años. Como tampoco lo es la que han conseguido el arquitecto municipal, Antonio Francisco Núñez (de 20 a 4 años), o el secretario de La Muela, Luis Ruiz Martínez (de 15 a 5 años).

Sin cargos


El juicio del caso La Muela se ha reanudado este miércoles con la presentación de las calificaciones definitivas de las acusaciones, que han permitido abandonar el banquillo a cuatro de los acusados al retirárseles todos los cargos. Se trata de los empresarios Alberto París Cester, José Fernández Martínez e Isidro del valle, así como del que fuera escolta de la DGA, Víctor Royo Velilla. Las acusaciones han eximido también de cualquier responsabilidad civil a la empresa Balzola.







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