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Juicio del caso La Muela

De Miguel dice que entregó 2,8 millones a la exalcaldesa de La Muela

El propitetario de la empresa Aranade y uno de los principales acusados del caso dice que entregó un dinero sin declarar.

Efe. Zaragoza Actualizada 01/02/2016 a las 20:26
El abogado Javier Hernández (izda.), habla con Mariví Pinilla y el arquitecto Francisco Núñez.Asier Alcorta

Julián de Miguel, propietario de la empresa Aranade y uno de los principales acusados en el juicio por presunta corrupción urbanística en La Muela para el que el fiscal pide 24 años de cárcel, ha afirmado que entregó 2,8 millones de euros a la exacaldesa lMaría Victoria Pinilla y su familia.

Esta cantidad la entregó entre diciembre de 1998 y 2007, según ha respondido a la fiscal María Victoria Esponera en el juicio que por presunta corrupción urbanística millonaria se celebra ante la Sección Primera de la Audiencia Provincial, en la que hay 40 procesados, entre ellos María Victoria Pinilla, para la que pide 37 años de cárcel.

Los casi tres millones de euros, que no tenía declarados, según ha reconocido al tribunal, los dedicó la familia Pinilla a distintos gastos, desde compras de coches a viajes o trámites de notaría y hasta a una revisión de mamografías para vecinas del pueblo en un hospital de Pamplona.

De Miguel, quien ha señalado que actualmente "no tiene donde caerse muerto", ha señalado que él es el único responsable de la entrega de este dinero, que procedía de sus actividades privadas y no de sus empresas, entre ellas Aranade, con la que actuaba en el municipio.

Al respecto, ha ratificado que en la caja de seguridad de Aranade tenía 500.000 euros en efectivo, dinero de la actividad no declarada, y cuatro lingotes de oro, y que 300.000 euros fueron entregados a la familia de Pinilla.

Durante los muchos años que participó en el desarrollo urbanístico de La Muela, ha dicho que cerró alguna compra de suelo en el municipio, pero no "para pegar un pelotazo", y ha reconocido que alguna cosa no se hizo "correctamente".

En concreto, y a preguntas de la fiscalía, se ha referido a la venta de unas parcelas, una parte de las cuales debían ir destinadas a pisos de protección oficial y que finalmente se adquirieron para vivienda libre, una decisión que ha achacado al ayuntamiento.

El empresario, que se hizo cargo de la explotación del desarrollo urbanístico de La Muela desde 1997, ha lamentado "no haberlo hecho correctamente" en este caso, ha afirmado que "tenía que haber hecho más" y ha pedido disculpas.

Julián de Miguel ha enfatizado que él es el "responsable" de todo lo que tiene que ver con su empresa, que llegó a tener 70 empleados, y que en los contratos que firmó con el ayuntamiento para prestar sus servicios se estableció una retribución del 10 por ciento sobre el precio final de venta de las parcelas.

Ha añadido que no ha tenido ninguna relación comercial con Carmelo Aured, exalcalde de La Muela y otro de los procesados en el juicio para el que solicitan 21 años de prisión, y que desconoce si éste cobró comisiones.
Por otra parte, ha rechazado que sus hijos Julio y David, también procesados en el juicio y para los que se solicitan dos años y medio de cárcel para cada uno, hacían lo que él decía "y cómo les decía", eximiéndoles de responsabilidad societaria, aunque aparecían como propietarios junto a una hermana.

El empresario vasco Ignacio Unsain, propietario de la empresa Sagain, para quien el fiscal pide nueve años y medio de cárcel por los presuntos delitos de cohecho, fraude a la hacienda publica y exacciones ilegales, ha señalado que actualmente su empresa, que realizó numerosas operaciones y que llegó a patrocinar al equipo de fútbol, está en la ruina y sin actividad desde hace años.

A preguntas del fiscal, el empresario ha indicado que conocía a Carmelo Aured, que hacía de intermediario en las operaciones urbanísticas de La Muela y que es uno de los principales procesados en este caso, y ha reconocido que ingresó en sus cuentas 500.000 y 300.000 euros.
Esas cantidades se ingresaron como sendos préstamos "para luego regularizarlos" sin ser consciente, ha reconocido, "del impacto fiscal que tuviera a posteriori. Se hizo mal y así es", ha afirmado.

"Metí la pata", ha añadido este empresario, quien ha dicho que solo se ha visto una vez con la exalcaldesa María Victoria Pinilla y que no le ha pagado ninguna "comisión" para que actuara a favor de su empresa.
Ignacio Usaín ha explicado que solo se trasladaba desde San Sebastián, donde tiene la sede la empresa, a La Muela para firmar las operaciones, a las que él daba el último visto bueno, y que José Francisco Aramburu, para quien el fiscal pide cuatro años y medio de cárcel, era su hombre de confianza y quien negociaba todas las operaciones.

Por otra parte, a preguntas de la fiscal, ha dicho que solo se vio una vez con el empresario Agapito Iglesias, en Pamplona, que no ha ejercido presiones para la intermediación de ningún miembro del gobierno del expresidente Marcelino Iglesias y que tampoco ha ofrecido ninguna cantidad de dinero. "Absolutamente, no", ha enfatizado.

También han declarado hoy los empresarios Fernando Lavilla y Modesto Barranco, propietarios de Castelonovo, acusados de negociaciones prohibidas, y Miguel Ángel Horta.

El juicio continúa con las declaraciones de Julio y David de Miguel y de Carmelo Aured, exalcalde de La Muela, acusado de presuntos delitos de tráfico de influencias, contra la Hacienda Pública, falsedad documental y negociaciones prohibidas.







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