El consejero de Industria, Turismo y Comercio del Gobierno de Aragón, Arturo Aliaga, destituyó ayer a Francisco Javier Hualde García, director del Servicio Provincial de Zaragoza. Lo hizo nada más saber que la Policía imputa al alto cargo y a otras doce personas, cinco de ellas funcionarios, delitos de cohecho, prevaricación, falsedad documental y negociaciones prohibidas a empleados públicos. Entre los investigados, figuran tres familiares directos de Hualde, así como cuatro empresarios relacionados con el negocio de los áridos y la extracción de tierras.

La investigación policial se remonta a 2008, aunque nace de la denuncia que un ingeniero presentó ante el Gobierno de Aragón en mayo de 2006, después de que un funcionario de Minas le exigiera que sustituyera al director facultativo de una explotación privada si quería que le aprobaran un expediente. La administración autonómica abrió una investigación y constató que se había producido un abuso de poder. Por este motivo, en agosto de 2007, decidió suspender de empleo y sueldo durante seis meses a este funcionario.

A raíz de este caso y para averiguar si se habían producido más anomalías de este tipo, se ordenó revisar alrededor de 200 expedientes de la Sección de Minas (del año 2004 al 2007). Lo que permitió descubrir que había irregularidades en al menos 50 de ellos. Este hecho condujo a la destitución y traslado del jefe del servicio. Depuradas las responsabilidades administrativas, la DGA decidió dar traslado de los hechos a la Fiscalía Provincial de Zaragoza, ya que entendía que las actuaciones de estos funcionarios podrían ser constitutivas de delito.

El caso llegó en 2008 al fiscal especial de Medio Ambiente, que decidió abrir diligencias. A partir de ese momento, asume las pesquisas el Grupo de Blanqueo de Capitales de la Brigada de Policía Judicial. En su investigación, como ayer hizo saber la propia Jefatura Superior de Aragón, han contado con la colaboración de la DGA.

Durante todo este tiempo y para proteger la investigación, el juez encargado del caso ha mantenido secretas las actuaciones. De hecho, no ha sido hasta el pasado 3 de marzo cuando se ha revocado la medida. Para entonces, la Policía ya había citado y tomado declaración como imputadas a las trece personas vinculadas con la trama. Esos interrogatorios se produjeron durante la última semana de febrero, y posiblemente se repetirán ahora ante el titular del juzgado de instrucción número 12 de Zaragoza, encargado de la causa.

Fuentes próximas al caso restaron ayer importancia a las imputaciones hechas por la Policía y aseguraron que es difícil que estas acarreen penas de cárcel para los investigados. Piensan que, en caso de prosperar, se queden en meras multas e inhabilitaciones para el desempeño de cargos públicos. Incluso fueron más allá y dijeron que algunas de estas «irregularidades» podrían haber prescrito.

Por ahora, no ha trascendido la identidad de los cuatro empresarios relacionados con la trama. En cualquier caso, al igual que el resto de investigados, en ningún momento fueron detenidos y simplemente fueron llamados a declarar en calidad de imputados acompañados por sus abogados.

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