Los cinco pisos del Ayuntamiento de Teruel vacíos y pendientes de incorporación a la bolsa de alquiler social por presentar desperfectos estarán disponibles antes de Navidad. Las obras de reparación, ya en marcha, terminarán, como muy tarde, el día 23 de diciembre, según anunció ayer la concejala de Contratación, la popular Emma Buj. Los trabajos supondrán una inversión de 14.000 euros, que se sumarán a los 9.000 ya desembolsados en una actuación anterior que resultó insuficiente para conseguir el aprobado de habitabilidad del Gobierno aragonés.

La tardanza en incorporar los cinco pisos municipales vacíos a la oferta de viviendas de alquiler social del Gobierno aragonés para familias desahuciadas motivó una insólita petición de disculpas públicas del alcalde, Manuel Blasco, en el último pleno del Ayuntamiento. Blasco admitió ante todos los miembros de la Corporación una tardanza injustificable en la utilización de las viviendas desocupadas por personas sin recursos económicos para costearse su propia casa.

El Ayuntamiento realizó una primera reparación en los baños y las cocinas de los pisos y los ofreció a la DGA para incluirlos en la bolsa de alquiler social. El Departamento de Obras Públicas consideró, no obstante, que no ofrecían condiciones suficientes de habitabilidad. La concejala de Contratación señaló que, aun con pequeños desperfectos, el Consistorio estimó que los inmuebles debían ser puestos cuanto antes a disposición de los más desfavorecidos, pero, ante la negativa del Departamento de Obras Públicas, afronta una segunda reforma.

La reparación en marcha incluye la instalación de cuatro campanas extractoras, el repintado de las viviendas y la reparación y limpieza de las persianas. Los inmuebles están localizados en el polígono de La Fuenfresca y forman parte de una promoción de viviendas de iniciativa pública de los años noventa del siglo XX.

El alcalde explicó que el Ayuntamiento es propietario de varias decenas de pisos pero, actualmente, solo están desocupados cinco y manifestó su voluntad de darles una utilidad social lo más pronto posible. El pleno aprobó por unanimidad una moción del PSOE que reclamaba la urgente reparación de las viviendas para su ocupación.

La Plataforma de Afectados por las Hipotecas (PAH) denunció recientemente varios casos en los que la DGA aprueba la concesión de una vivienda de alquiler social pero, a renglón seguido, aclara que no podrá entregarla hasta que tenga una "disponible".

Desde el Departamento de Obras Públicas aclararon que en la ciudad existen viviendas de alquiler social pero, actualmente, o no hay ninguna libre o las que existen no se ajustan a las necesidades de la familia demandante.

Un portavoz del Gobierno aragonés invitó, no obstante, a los propietarios de viviendas vacías a que las cedan a la DGA para el alquiler social -con unos importes reducidos y adaptados al nivel de renta de las familias que han perdido sus casas-. Recordó que el Gobierno aragonés garantiza el pago del alquiler y la reparación de los posibles desperfectos mediante un seguro.

Una fuente de Obras Públicas señaló que la entrega de las viviendas de alquiler social obliga a un análisis individualizado de las solicitudes. La PAH calificó los requisitos de "leoninos" y criticó que, aun después de superados, el demandante se puede tropezar con la desagradable sorpresa de que no haya ningún hogar libre.

El Departamento de Obras Públicas sostiene que no existe ningún problema entre este organismo y el Ayuntamiento de Teruel respecto a la cesión y uso de las viviendas. "La colaboración es perfecta", afirmaron desde la DGA. El inconveniente que retrasó la utilización de los pisos municipales son los desperfectos que ahora se están subsanando "con la máxima agilidad".

La misma fuente señaló que existen 63 pisos de alquiler social en Escucha, 4 en Utrillas y se negocia la incorporación de otros 10 en Alcañiz. En la capital, la cifra ronda la veintena. La gestión de estos inmuebles se lleva a cabo a través de entidades colaboradoras especializadas en el campo del bienestar social.

Un matrimonio con dos niños

Según aclaró la PAH una de las familias que han visto reconocido su derecho a un alquiler social en la capital es un matrimonio de parados con dos niños menores de 4 años -uno de ellos enfermo- que no puede costear el importe del arrendamiento de su casa, "precaria" debido a las humedades que presenta. Una portavoz de la Plataforma añadió que la familia sufre, además, el "acoso" del propietario, que reclama el abono de los meses de alquiler pendientes, lo que convierte la situación familiar en una "pesadilla". La misma fuente, que prefirió preservar la identidad de los afectados, señaló que el único soporte de la familia es el ingreso aragonés de inserción, que ronda los 600 euros mensuales.