El arqueólogo Francisco Burillo, que dirige la excavación de un excepcional yacimiento celtíbero de Bronchales, advierte al Ayuntamiento de que la partida de 800.000 destinada al proyecto de un museo sobre la trashumancia celtibérica por los presupuestos del Estado de 2023 podría perderse por el cambio de destino de los fondos al dar prioridad a la adquisición y adecuación del edificio que servirá de sede frente a otros aspectos, como la excavación e investigación. El alcalde, David Hernández, descarta la posibilidad de que la inversión estatal se pueda anular y recalca la legalidad de los pasos dados por el Consistorio.

El yacimiento que justificó la incorporación de la partida de 0,8 millones de euros a propuesta de Teruel Existe es la necrópolis del Castillejo del Vallejo del Sordo, que ha aportado en unas primeras excavaciones herramientas, armas y otros objetos que demuestran que aquella población de hace 2.500 años practicaba la trashumancia a territorios íberos de Andalucía, como ocurre actualmente.

La excavación del enclave fue dirigida por Brurillo, que elaboró la memoria “Museo Celtibérico de la Trashumancia” como base para conseguir la partida presupuestaria de 2023 que, a su juicio, peligra ahora. Denuncia que el capítulo destinado a la compra de un edificio como sede del futuro museo se ha disparado de los 290.000 euros previstos en su propuesta a 660.000 euros, lo que conllevará la reducción drástica de otros aspectos del proyecto, como la excavación y el estudio de los hallazgos, presupuestado en 171.000 euros.

El alcalde estima, por el contrario, que el Ayuntamiento ha seguido “los pasos legales” para comprar el edificio destinado el futuro muso y para su rehabilitación. Añade que ha contado con el asesoramiento de “expertos en rehabilitación de edificio y musealización”.

Hernández se muestra “tranquilo” respecto a la continuidad de la partida presupuestada para 2023 por el Estado y recuerda que los gastos generados hasta el momento han sido asumidos inicialmente por el Ayuntamiento, que ha pagado la compra del edificio y la redacción del proyecto de rehabilitación. Recalca que el Consistorio ha seguido “los cauces legales” para adquirir el inmueble y para su rehabilitación, que acaba de salir a licitación por 580.337 euros con un plazo de ejecución comprendido entre el marzo y septiembre de 2024.

Francisco Burillo opina, por el contrario, que no ajustarse a la memoria que justificó la subvención estatal puede conllevar su anulación y poner en peligro futuras inyecciones del Fondo de Inversiones de Teruel (Fite) para completar el proyecto. Este escenario supondría “la desaparición de un proyecto que ha logrado situarse en al cúspide de las actuaciones españolas en materia de patrimonio arqueológico”.