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Juzgado por apuntar a dos sanitarias con una pistola falsa en Burbáguena

La acusación pide tres años de cárcel para un hombre que amenazó a una médica y una enfermera con un arma simulada y la defensa, la absolución.

El acusado de amenazar con una pistola falsa a dos sanitarias en Burbáguena, a su llegada al juzgado.
El acusado de amenazar con una pistola falsa a dos sanitarias en Burbáguena, a su llegada al juzgado.
Javier Escriche

La médica María Pilar Gonzalvo y a la enfermera Gemma Redolar han revivido este martes los angustiosos momentos que vivieron el 2 de mayo de 2020, cuando, en plena pandemia, el paciente que atendían en una visita a domicilio en Burbáguena les apuntó con una pistola –que resultó ser falsa–. Las sanitarias han testificado en el juicio celebrada en el Juzgado de lo Penal de Teruel contra el hombre que las amenazó con el arma simulada, José María Navarro, de 60 años, y para el que las dos denunciantes han pedido dos años de cárcel por atentado y uno por lesiones psicológicas, además de indemnizaciones por 31.600 euros. 

El acusado ha llegado al Palacio de Justicia en una silla de ruedas empujada por su hermana, Virginia, acusada también de atentado y para la que la acusación particular ha pedido un año de reclusión. La Fiscalía ha pedido cuatro meses de cárcel para José María Navarro por atentado con la atenuante de alcoholismo.

La defensa, ejercida por el abogado Javier Osés, ha instado la absolución de sus dos defendidos por entender que los hechos, aunque pudieron suponer una "afrenta" para las dos sanitarias, no son de gravedad suficiente para considerarse delito. Osés, que ha definido la pistola falsa como "juguete", achaca la actuación de su cliente a que "sufría muchísimo dolor y estaba tan desesperado que actuó por un arrebato". Reconoce que la médico y la enfermera pudieron tomarse la réplica por un arma real, pero apunta a que sobredimensionaron su efecto como argumento para un traslado profesional.

El abogado de Gema Redolar y letrado de CSIF Juan José Carrascón rechazó de plano la insinuación de intereses profesionales en la denuncia por lo ocurrido en Burbáguena en 2020 y se ha mostrado "molesto" por esta argumentación de la defensa. Carrascón considera que, independientemente del resultado judicial, los sanitarios deben denunciar "estas conductas para que se castiguen". "No podemos tratar mal a la gente que nos está cuidando. No tiene por qué soportar estas situaciones", agrega. Señala que las dos denunciantes fueron diagnósticas de "estrés postraumático" a raíz del incidente de 2020. Aunque han pasado tres años del altercado, el letrado ha afirmado que las dos sanitarias "lo han pasado muy mal durante el juicio, han declarado tras un biombo, pero se han venido abajo al comparecer en la sala".

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