Las agresiones a sanitarios en los ocho primeros meses de este año superaron a las de todo 2022

El número de agresiones a profesionales sanitarios en Aragón va en aumento en los últimos años. Solo en los ocho primeros meses de 2023, de enero a agosto, se produjeron en la Comunidad Autónoma tantas como en todo 2022, cuando la cifra de estos ataques se elevó a 482.

Así lo ha advertido este lunes la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (Csif), desde la que reclaman más medidas de vigilancia y más apoyos para las personas agredidas.

El aviso del sindicato se produce coincidiendo con el juicio que está previsto que se celebre este martes en Teruel contra un vecino de Burbáguena que está acusado de haber apuntado con una pistola de réplica a la médica María Pilar Gonzalvo y a la enfermera Gemma Redolar cuando ambas estaban atendiéndole en su casa el 2 de mayo de 2020, en plena pandemia de covid. En el banquillo se sentará también la hermana del paciente, acusada igualmente de amenazar a las dos profesionales sanitarias.

A través de un comunicado, Csif explica que el sindicato denunció públicamente esta agresión nada más producirse, apoyó a las dos sanitarias y promovió el juicio que este martes tendrá lugar. "El arma era una réplica, aunque ellas en el momento no lo sabían y temieron por su vida", subraya la nota. La vista oral tiene lugar tres años y medio después del suceso.

Los abogados de ambas profesionales piden que el acusado sea condenado a tres años de prisión por un delito de atentado y otro de lesiones. Para la hermana solicitan un año de cárcel por un delito de atentado.

La Fiscalía de la Audiencia de Teruel, por su parte, pide que el procesado sea condenado a cuatro meses de prisión y al pago de una indemnización de 5.500 euros por un delito de atentado contra personal sanitario. En su escrito, el Ministerio Público señala que el acusado, de 60 años de edad, sufre alcoholismo, por lo que aplica una eximente incompleta a la hora de concretar la pena.

Las dos sanitarias sufrieron secuelas psicológicas y han solicitado no tener contacto visual con los acusados durante el juicio. Ambas estuvieron de baja por ansiedad durante más de seis meses y pidieron no volver a trabajar en el centro de salud de Báguena, donde tenían plaza fija, por lo que fueron trasladadas a centros de salud del entorno de Zaragoza, destaca el Csif.

Gemma Redolar, enfermera desde hace 30 años, relata que, el día de los hechos, el paciente quería que le dieran unos calmantes para el dolor. "Se puso muy nervioso, salió de la habitación y volvió con una pistola apuntándonos a las dos. Accionó el gatillo varias veces. Pasamos mucho miedo. Sentía que iba a morir", cuenta Redolar, quien junto con la médico denunció lo sucedido ante la Guardia Civil.

La enfermera, que en la pandemia compatibilizó su trabajo en el centro de salud de Báguena con un voluntariado en el centro covid que la DGA abrió en Alfambra, dice que aún lo pasa mal cuando oye algún sonido que le recuerda el ‘clic’ de la pistola.