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El Ayuntamiento inicia el realojo en pisos de las 23 familias sin hogar tras el derrumbamiento de Teruel
La primera decena de reubicaciones, que empezará por tres casas cedidas por la DPT, terminará en cinco día.
El Ayuntamiento de Teruel ha iniciado este viernes el realojo en viviendas de 10 de las 23 familias que perdieron su casa el pasado martes con el derrumbamiento de la finca del número 21 de la calle San Francisco sin que hubiera daños personales. El proceso de reubicación persigue mejorar y estabilizar el alojamiento de los desalojados y empieza por la decena de familias que, al carecer de una alternativa residencial, viven en el albergue de Cáritas en San Nicolás de Bari, en hoteles y en la residencia Madre Ráfols. Las cuatro primeras se han trasladado a tres pisos proporcionados por la Diputación Provincial de Teruel (DPT) y a uno aportado por el Consistorio.
La alcaldesa, Emma Buj, ha explicado a los afectados el procedimiento que se va a llevar a cabo para que 10 familias normalicen en la medida de lo posible su situación. Buj explica que el traslado se completará el próximo martes. Aclara que, progresivamente, la reubicación en viviendas individualizadas se extenderá a las 23 familias que se quedaron sin sus hogares definitivamente o temporalmente –18 de la finca número 21, cuatro del número 19 y una del número 23–, de las cuales 13 se han acomodado temporalmente en casas de amigos y familiares.
Buj indica que la reubicación empezará por los tres pisos de la DPT –que son utilizados como residencia ocasional por los diputados provinciales– y continuará con viviendas alquiladas por el Ayuntamiento. Entre los destinos figurará una vivienda municipal que precisa de una adecuación que se demorará en torno a 15 días. La alcaldesa recalca que, antes de poner en marcha cada traslado, técnicos municipales inspeccionan el lugar de destino para asegurarse de que reúne las condiciones adecuadas.
La alcaldesa indica que, salvo las viviendas que cede gratis DPT y la que aportará el propio Ayuntamiento, las arcas municipales correrán con el coste del alquiler para las reubicaciones. En el caso de los propietarios que residían en viviendas destruidas por el hundimiento, el Consistorio asumirá el precio del arrendamiento del piso de realojo. Respecto a los inquilinos, costeará los gastos de fianza e instalación, así como con el pago de la diferencia entre el arriendo que pagaban antes del hundimiento y el del piso de destino. La asignación de las viviendas se hace por un plazo inicial de seis meses, al cabo del cual se reevaluará la situación de los afectados. Esta revisión no comportará, según matizó Buj, el final del realojo, pero servirá para poner el día la situación sociolaboral de cada núcleo familiar y ajustarlo al alojamiento.
La alcaldesa, que ha mantenido una reunión con las instituciones y oenegés que colaboran en la atención a los desalojados, aclara que el traslado a viviendas seguirá un orden de prioridad, que empezará por las personas mayores, familias con niños o enfermos. Tras completar la primera ronda de 10 realojamientos, solo quedarán en San Nicolás de Bari dos de las 26 personas que tuvieron que alojarse allí tras el derrumbamiento.
Ganar-IU plantea la posibilidad de utilizar como alojamientos una promoción de 17 viviendas abandonada en la pedanía de Villaspesa cuando se acercaba a la venta y que pasó a manos de la Sareb. Buj señala que estos pisos no pueden utilizarse a corto plazo.
El portavoz del grupo de afectados por el hundimiento del número 21 de la calle San Francisco, Javier Carbó, agradece el trabajo de los servicios sociales para conseguir una residencia individualizada y estable para quienes perdieron su casa, pero reclamó agilidad para que el proceso se culmine este mismo mes. Carbó, en representación de los afectados del inmueble hundido, solicita al Ayuntamiento el nombramiento de un interlocutor directo para que la relación entre los damnificados y el Consistorio sea "más fluido".
La alcaldesa explica que el desescombro del solar del número 21 todavía no tiene fecha a la espera que la empresa encargada de investigar las causas del hundimiento fije procedimientos y plazos. Una vez iniciada, la retirada de cascotes durará dos meses. El proceso se realizará de forma que los restos del inmueble se depositen en una finca municipal de Los Planos por separado de los enseres para que los vecinos puedan recoger objetos personales. "Será un trabajo lento", advierte Buj.
Por otro lado, la alcaldesa ha informado de que el número 19, que permanece desalojado al igual que el 17, no presenta un daño estructural, pero sí problemas en los dos superiores.
