La Diputación de Teruel ha aprobado este lunes, en sesión plenaria extraordinaria y urgente, la concertación de una operación de crédito a largo plazo para financiar parcialmente las inversiones incluidas en el Plan de Cooperación de Obras y Servicios Municipales (POS) de 2022 por importe de 7.500.000 euros. Esta operación, que ya estaba contemplada en los presupuestos de este año para garantizar las inversiones en obras y servicios para los ayuntamientos ante posibles imprevistos, cumple los requisitos "de prudencia financiera", según el equipo de Gobierno PSOE-PAR, y no supone más endeudamiento del que existía al principio de la legislatura.

Según han señalado en rueda de prensa el presidente y el vicepresidente de la institución provincial, Manuel Rando y Alberto Izquierdo, las consecuencias de la pandemia, el aumento de los costes corrientes, especialmente la energía o los combustibles, o el incremento de los gastos de personal en un 7% durante estos dos últimos años, ha hecho imprescindible la solicitud de este préstamo.

El presidente Manuel Rando ha apuntado que con esta operación no solo no aumenta la deuda sino “muy al contrario, la disminuimos en 22.592 euros después del covid, cuando los ayuntamientos necesitan más dinero, y lo van a tener, para afrontar todas las subidas que ha habido, como en cada casa de cada ciudadano”, y ha destacado la salud financiera de la institución de la que ha dicho “tiene una deuda baja”, de 14,7 millones de euros, “que se rebajará antes del próximo 30 de junio”.

La cantidad solicitada responde, precisamente, a la amortización de algo más de 7’5 millones de euros de deuda en esta legislatura, por lo que se hace frente a las necesidades financieras a corto plazo de la institución sin afectar a los recursos que deben recibir los ayuntamientos y sin que la DPT se endeude más de lo que estaba en 2019.

Alberto Izquierdo ha defendido la celebración de este pleno extraordinario para "adelantar y que a finales del mes de enero y principios de febrero los ayuntamientos ya tengan el dinero a disposición, que es el objetivo". Ha recordado que este crédito estaba contemplado en los presupuestos de 2022 pero "administrativamente ha sido mejor trasladar la financiación a 2023 y es lo que estamos haciendo".

Esta operación cumple con todas las obligaciones de prudencia financiera establecidas en la Ley Reguladora de Haciendas Locales. Como en el ejercicio 2022 los ingresos por operaciones corrientes son de 68.221.581,68, el importe de esta operación se sitúa en un 11% sobre dichos recursos ordinarios por lo que, al superar el 10%, la competencia de su aprobación corresponde al pleno.

El POS 2022 se convocó el pasado 6 de noviembre, después de un proceso de cambio de la ordenanza para establecer las cantidades preasignadas de acuerdo a un sistema más progresivo y objetivo aprobado por unanimidad. Una vez definido y convocado el Plan a financiar, se ha concretado la formalización del préstamo.

La operación se ofreció a todas entidades bancarias con oficina en Teruel capital y, finalmente, pujaron cuatro de ellas. La condición, tal como marca la Ley, era que fuera una operación fijada de acuerdo al Euribor a 3 meses con un interés entre 0 y 0,416. Finalmente, la oferta más beneficiosa ha sido la de Caja Rural de Teruel que ha ofrecido el Euribor a 3 meses con un 0% de interés. El plazo de amortización es a 12 años, con los dos primeros años de carencia y 40 vencimientos trimestrales que se calcularán de acuerdo a un sistema lineal.

El Grupo Provincial del PP en la DPT votó en contra de la firma del crédito porque, tal y como ha subrayado la diputada provincial, Yolanda Sevilla, “hay otras posibilidades para financiar el Plan de Obras y Servicios que endeudando a la Diputación Provincial de Teruel”, apuntando a acometerlo mediante fondos propios. “Cuando la izquierda gobierna en la DPT la palabra endeudamiento es una de sus más utilizadas”, ha advertido.

Según los datos que el propio equipo de gobierno ha trasladado a los medios de comunicación, el presupuesto de 2022 asciende a 145 millones de euros, de los que tienen el objetivo de ejecutar antes de finalizar el año el 80%. Con ello quedaría un remanente de 29 millones de euros con el que se podría financiar el POS de 2023 y, de esta manera, el 1 de enero de 2023 se dispondría de los fondos para adjudicar el POS de 2022, siempre que lo incluyan en presupuesto.

Especialmente crítico se ha mostrado a su vez el portavoz del Grupo Popular en la DPT, Carlos Boné. En su intervención ante los medios de comunicación, minutos antes de que tuviera lugar el pleno extraordinario, ha puesto el foco en los “escasos resultados” que se están obteniendo del trabajo del equipo de gobierno PSOE-PAR.

Según sus palabras, “hacen presupuestos históricos, pero su ejecución no es histórica”. Para justificar esta afirmación ha hecho referencia a la labor que desarrollan en materia de planes provinciales. “En toda la legislatura no han sacado en tiempo y forma ninguna convocatoria en esta delegación y eso está perjudicando a todos los pueblos que esperan mucho más de lo tolerable para recibir fondos para mejorar sus municipios”, ha declarado.