Cuatro años de batalla legal y vital tras quedar herido en la Hoguera de Castelserás

Gerardo Correa, de 48 años, lleva casi cuatro batallando para lograr una indemnización por los daños cerebrales que padece tras golpearle en la cabeza el 20 de enero de 2019 una rama del chopo de más de 20 metros de alto que se coloca en el centro de la popular Hoguera de Castelserás. Apagada la gigantesca fogata, el tronco fue derribado a hachazos, cayendo sobre la fachada de una casa y partiéndose en trozos que rebotaron e hirieron a un grupo de espectadores, de los cuales el peor librado fue Gerardo. Vecino de Alcañiz, casado y con tres hijas, en su nueva y complicada vida precisa de costosos tratamientos que le permitan conservar sus capacidades, mermadas por el accidente.

"Desde aquel día, mi marido es otra persona", lamenta Cristina Gómez, su esposa. "Sus reacciones no son las mismas, ha cambiado su nivel de comprensión, no presta atención y vive en un mundo paralelo. ¡Dios mío! ¿Es que nadie se va a poner en nuestro lugar?", dice indignada. Con un 65% de discapacidad y un 100% de incapacidad laboral, Gerardo no puede desempeñar ningún oficio y cobra una pensión. Padece problemas de movilidad, memoria y lenguaje. Lleva gastados más de 10.000 euros en rehabilitación física y consultas médicas.

Heraldo

La vida de Gerardo no es la de una persona de 48 años. Por prescripción facultativa, pues le obliga a asumir una responsabilidad y una tarea, ha adoptado un perro con el que pasea tres veces al día. Cocina para la familia platos sencillos. El resto del tiempo lo pasa en el sofá, donde descansa, mitiga sus dolores musculares y logra que cesen los vértigos que sufre solo con agacharse. "Era un buen atleta y corría medias maratones, pero ha perdido su vida", lamenta su esposa.

Lo peor es cuando su rutina se modifica por alguna circunstancia, pues se altera mucho, explica Cristina. Consciente de ello, Gerardo sufre después episodios de arrepentimiento. "Antes, éramos dos para educar y cuidar a nuestras hijas; ahora siento que estoy yo sola", se aflige Cristina. La mujer explica que Gerardo libra una doble lucha, la jurídica y la suya propia por salir adelante.

La familia se querelló contra el Ayuntamiento de Castelserás, pero el asunto fue archivado al entender los jueces que la hoguera es un festejo popular de larga tradición y que los espectadores que participan lo hacen de forma voluntaria y conscientes de que se trata de una actividad de riesgo. Valoraron también que establecer una zona de seguridad para minimizar el peligro supondría impedir prácticamente el acceso de público, así como que en este caso confluyó una circunstancia imprevisible, la de que el tronco, al caer sobre la fachada, se rompió en su parte superior.

Agotada la vía penal, el paso siguiente ha sido presentar un expediente de reclamación patrimonial contra el Ayuntamiento y la compañía aseguradora de este. Como explica el abogado de la familia, Ricardo Orus, ha sido necesario aguardar a que se estabilizaran las lesiones de Gerardo para valorarlas en su justa medida, algo que se ha producido hace apenas seis meses.

La víctima reclama 313.507,20 euros por el perjuicio en su calidad de vida, la pérdida de ingresos económicos al no poder trabajar y los gastos sanitarios que ha tenido que asumir. Orus cree que el Ayuntamiento de Castelserás actuó incorrectamente "al no haber adoptado la más mínima medida de seguridad ni haber encargado ningún estudio de prevención de riesgo que hubieran evitado el suceso". Subraya que el Consistorio "ni siquiera creó un perímetro de seguridad alrededor del árbol para evitar que el público se ubicara en la zona de riesgo".

"La cantidad es elevada"

La batalla de Gerardo no ha terminado. El Ayuntamiento ha emitido una resolución al respecto que prefiere no desvelar hasta que el Consejo Consultivo del Gobierno de Aragón –un órgano que asesora y ayuda a los ayuntamientos a adoptar decisiones legales– se pronuncie sobre si esta es conforme o no a derecho. El alcalde de Castelserás, Óscar Soriano, que no es quien ostentaba el cargo cuando ocurrieron los hechos, advierte de que la cantidad reclamada es "elevada", pues supone casi un tercio del presupuesto municipal anual, que ronda el millón de euros.

"No digo que se deba dar ese dinero o que no", puntualiza Soriano. "Hemos seguido el trámite de instrucción administrativa correspondiente para atender los derechos del señor Correa y actuaremos conforme a la ley", añade. "Es un tema muy serio –subraya–, afecta a la vida de una persona y también al bien común de los vecinos de Castelserás".

Tras el accidente, el Ayuntamiento incrementó las medidas de seguridad en el festejo, antes reducidas a la presencia de algunos medios de extinción de incendios, como mangueras y trajes ignífugos. "Ahora hay una ambulancia y cuando se va a talar el chopo se invita a los ciudadanos a estar lejos, incluso a salir de la plaza o a guarecerse bajo la Lonja", explica el alcalde.

La aseguradora del Ayuntamiento, MGS, se exculpa. Alega que fue Gerardo quien asumió el riesgo "colocándose debajo de un árbol ardiendo". Y sostiene que el asunto ha prescrito, al haber transcurrido un año –el plazo legal– desde que el herido recibió el alta médica, el 20 de mayo de 2020.

Sin embargo, Ricardo Orus niega que se haya extinguido el tiempo para presentar la reclamación patrimonial. Defiende que en abril de 2021 Gerardo sufrió un empeoramiento y hubo que aplicar nuevos tratamientos curativos, de modo que no fue hasta febrero de 2022 cuando se estabilizó su estado, por lo que el plazo sigue vigente hasta el mismo mes de 2023.

Si el Consejo Consultivo de Aragón no da la razón a Gerardo Correa, este llevará su caso al juzgado de lo Contencioso Administrativo. "Quiero llegar hasta el final; lo haré por mis hijas. Alguien tiene que hacerse cargo de esta realidad", afirma Cristina.