Urbanismo dice que atajar la edificación ilegal debe ser prioritario para el nuevo Plan General

La Gerencia Municipal de Urbanismo considera que el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Teruel aprobado inicialmente en 2009 –redactado por la empresa Idom– es prácticamente inservible porque no cumple la actual legislación urbanística, y estima que solo podrá aprovecharse como documentación de apoyo. Entre las prioridades de la nueva redacción, la Gerencia destaca en un reciente informe el diseño de una ciudad compacta para el futuro y atajar la edificación ilegal que prolifera en torno al casco urbano.

El modelo de crecimiento concéntrico reduce los costes de las nuevas infraestructuras y también los de mantenimiento. La Gerencia considera que la necesidad de nuevas bolsas de suelo urbanizable es, además, mínima dada la actual abundancia de solares en las zonas ya desarrolladas y el excedente en la oferta de viviendas. El servicio de Infraestructuras comparte también este criterio de crecimiento urbano compacto.

El informe de la Gerencia se entregó a todos los grupos municipales tras una comisión monográfica celebrada el pasado día 16 para analizar cómo se retoma la revisión del PGOU antes de terminar la presente Corporación. El estudio se distribuyó acompañado de los pronunciamientos de los servicios de Patrimonio e Infraestructuras, que, al igual que la Gerencia, reivindican más protagonismo en la actualización del planeamiento urbanístico de Teruel.

Respecto a los principales retos con los que tendrá que enfrentarse a actualización del diseño urbanístico de la ciudad, la Gerencia destaca frenar la expansión desordenada de la edificación ilegal en la periferia urbana, en muchos casos sin la mínima dotación de infraestructuras. Aboga por acometer procesos de legalización y ordenación evitando los agravios comparativos con los propietarios de edificios que han cumplido todos los requisitos urbanísticos.

Los servicios municipales abogan por fomentar la rehabilitación de las áreas urbanas ya consolidadas y por eliminar los usos industriales en áreas residenciales para centralizarlos en el polígono industrial La Paz y en PLATEA. También quieren aplicar planes de regeneración que acaben con los espacios de viviendas degradadas, como el barrio de Pomecia y Cuevas del Siete, y consideran preciso un plan especial de protección para el Centro Histórico, declarado Bien de Interés Cultural. A juicio de la Gerencia, deben extenderse los carriles bici y ordenarse la zona de los Planos como la gran área de equipamientos de ocio, deportivos y comerciales.

La Gerencia considera que los dos intentos de actualizar el planeamiento urbanístico de Teruel –que se han prolongado durante 13 años con un coste de 428.000 euros– han fracasado por las discrepancias entre los gabinetes contratados para acometer los trabajos y los equipos de gobierno de cada momento, por un lado, y los servicios urbanísticos municipales encargados de la dirección técnica, por otro. 

La Gerencia de Urbanismo considera también que la contratación de la actualización del PGOU a empresas de fuera de Teruel que no conocen la ciudad y que, además, han mantenido malas relaciones –o no las han mantenido– con los servicios municipales de urbanismo ha contribuido al fracaso. La Gerencia lamenta que su única misión haya consistido hasta ahora en supervisar trabajos ya ejecutados.

Ante la pretensión municipal de retomar los trabajos para actualizar el PGOU –vigente desde 1985–, el informe del área de Urbanismo del Ayuntamiento apuesta por dejar la dirección y ejecución enmanos de los servicios municipales con la contratación de aspectos puntuales del trabajo a empresas externas. Considera que es la mejor forma de salir del atolladero en el que se ha metido la revisión del PGOU, aunque los técnicos piden un refuerzo de plantillas para que la nueva labor no merme las actuales funciones de gestión urbanística. 

El concejal delegado de Urbanismo, Jesús Fuertes, reconoció recientemente que la actualización del planeamiento urbanístico de Teruel deberá volver al punto de partida, con la aprobación de un avance –el tercero desde 2001–.