El Ayuntamiento pide cinco millones de fondos europeos para 15 grandes proyectos hasta 2023

Presenta una Estrategia de Desarrollo valorada en 10 millones de euros, financiados al 50% por la UE. Una de las prioridades de actuación será regenerar el barrio de Pomecia, muy degradado.

La reforma de la plaza de la Marquesa figura entre las medidas que optan a la financiación europea.
La reforma de la plaza de la Marquesa figura entre las medidas que optan a la financiación europea.
A. G./B.

Proyectos estratégicos pendientes en la ciudad, como la mejora de los accesos con la adecuación del camino de Capuchinos y la cuesta de los Gitanos, la reforma de la plaza de la Marquesa, la eficiencia energética del alumbrado público o la regeneración urbana y social del barrio de Pomecia, saldrán adelante si el Gobierno central aprueba la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado elaborada por el Ayuntamiento de Teruel. Este documento tiene un presupuesto de 10 millones de euros, de los cuales el 50% procedería de las arcas europeas.


La primera teniente de alcalde, la popular Emma Buj, informó ayer a todos los grupos municipales a través de la Junta de Portavoces de las características y objetivos de la Estrategia de Desarrollo, que se trasladará al Gobierno central antes del 13 de enero, fecha tope establecida en la convocatoria del Ministerio de Hacienda publicada el pasado 17 de noviembre. Las características de la solicitud y la documentación sobre la situación urbana –que justificará la petición– se someterán a la aprobación de la Junta de Gobierno del próximo lunes.


Buj aclaró que la cuantía de los 15 apartados en los que se divide la solicitud puede variar en el documento final y el Ministerio de Hacienda podría recortar el presupuesto propuesto por el Ayuntamiento. En caso de salir adelante, las inversiones de la Estrategia deberán ejecutarse antes del 2023, aunque el plazo de justificación se alarga hasta 2024.


El programa de Desarrollo Urbano Sostenible, heredero de la iniciativa Urban –a la que se acogió Teruel en 2000–, se financia con fondos FEDER europeos y está destinado a poblaciones con mas de 20.000 habitantes. Persigue como objetivos fundamentales extender las nuevas tecnologías de la información, fomentar una economía baja en carbono, conservar el medioambiente y utilizar los recursos de forma eficiente y propiciar la inclusión social acabando con cualquier tipo de discriminación.

La teniente de alcalde explicó que Aragón puede pedir un máximo de financiación europea de 8,8 millones de euros, de los cuales Teruel recibiría 5 –el máximo previsto para poblaciones de entre 20.000 y 50.000 habitantes–, si sale adelante la propuesta municipal. El Gobierno dispone de seis meses para resolver la convocatoria. Tras la aprobación de la solicitud, el Ayuntamiento deberá elaborar el documento definitivo para aplicar la financiación obtenida. En total, el Gobierno destinará a este programa 1.012 millones de euros de fondos FEDER para todo el Estado.


Las propuestas de actuación de la solicitud elaborada por el Ayuntamiento turolense y la documentación complementaria se basan en el Plan Estratégico de Teruel (PETER), aprobado en 2007 y cuya vigencia terminó en 2011, y en el Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS), que se remonta a 2012 y que solo ha sido aplicado muy parcialmente.


Emma Buj consideró que no habrá problemas para llegar a un consenso sobre los proyectos y actuaciones a desarrollar con cargo al programa de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado. Recordó que la solicitud retoma previsiones del PETER y del PMUS, que gozaron en su día de un amplio consenso.


Entre las actuaciones previstas para desarrollar hasta 2023 figura también mejorar las prestaciones de la web municipal, ahorrar en el consumo de agua, conectar el barrio del Carmen y el centro urbano mediante un ascensor y"pacificar" el tráfico rodado para hacerlo compatible con las bicicletas rebajando la velocidad máxima a 30 kilómetros por hora. También plantea adecuar los espacios urbanos en torno a la muralla y el acueducto, acondicionar el centro social previsto en el antiguo Asilo de San Julián y generar un parque de viviendas sociales.


Una de las medidas más ambiciosas es la destinada a la "integración social" del barrio de Pomecia, donde se concentra la mayor parte de la población gitana de la ciudad y que adolece de graves problemas urbanísticos y de vivienda. La actuación propuesta incluye acciones formativas, de sensibilización y campañas informativas. El Ayuntamiento considera esta zona de la ciudad como "la más degradada" y con más carencias sociales.

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