El presidente aragonés, Javier Lambán, solicitó ayer una entrevista urgente a Mariano Rajoy con el objetivo de intentar parar el cierre de la central térmica de Andorra, decidida el jueves en Roma por el consejo de administración de Enel para mediados de 2020. Lambán reafirmó su compromiso con las cuencas mineras y resaltó que defenderá "con uñas y dientes" el complejo, de cuyo mantenimiento dependen 400 empleos directos y buena parte de la actividad de las cuencas mineras.

No fue el único movimiento de la DGA nada más conocerse la noticia, que no lograron confirmar oficialmente por parte de Endesa, propietaria de la central. La consejera de Industria, Marta Gastón, se puso en contacto con la eléctrica para solicitar una reunión con sus máximos responsables, al igual que con el ministro Álvaro Nadal. Tanto Lambán como Gastón cargaron contra el Ejecutivo central: el primero le acusó de haberles "engañado miserablemente" a través del exministro Soria por "abrir ventanas que luego se demostraron cerradas". Gastón lamentó que el Gobierno no haya movido ficha "en ningún sentido" a pesar de las peticiones de la DGA para evitar el cierre en 2020 por superar los límites de emisiones fijados por la UE para ese año.

La denuncia de la inacción no impidió a Gastón mantener la oferta de colaboración al Gobierno para evitar el cierre, ya que es al Estado al que le corresponde "acudir a Bruselas o abrir un nuevo escenario para que la decisión definitiva" no sea perjudicial para la térmica.

En esta línea, Lambán aseveró que si el Gobierno tiene voluntad política, no se cerrarían las instalaciones de Andorra y el carbón seguiría siendo "una fuente de generación de rentas y de vida en las cuencas mineras turolenses".

"Cada vez el 2020 está más cerca, y es absolutamente prioritario emplazar de forma urgente y airada al Gobierno de España para que tome cartas en el asunto, porque estoy convencido de que si existe voluntad política, la central térmica de Andorra no se tiene por qué cerrar", aseveró.

La preocupación de la DGA fue compartida por todos los partidos, que reclamaron, en palabras del portavoz de CHA, Gregorio Briz, la adopción de medidas "a la altura de la decisión".

La diputada del PP Dolores Serrat incidió en que la amenaza de cierre "viene de antiguo" y, exculpando al Gobierno, incidió en que "trasciende España y depende de la UE". En este sentido, aludió al plan de incentivos que rechazó Bruselas para que Endesa pudiera acometer las inversiones, estimadas en unos 200 millones de euros, para adaptarse antes del 30 de junio de 2020 a los nuevos límites de emisiones fijados por la autoridad comunitaria.

Serrat subrayó que no es momento de buscar culpables, sino de trabajar todos de la mano ante el "importante impacto económico y social" del cierre de la central.

Sí lo hizo el diputado de Podemos Román Sierra, que lamentó que ni éste ni anteriores gobiernos hayan "tomado cartas en el asunto cuando estaba claro que el reloj corría en contra de los habitantes de las cuencas mineras". Por ello, urgió un plan de futuro.

El presidente del PAR, Arturo Aliaga, destacó que la central es clave para el sistema energético nacional, además de para la provincia de Teruel, por lo que demandó la activación de "todos los mecanismos posibles" para negociar la continuidad con ayudas.

Ramiro Domínguez (C’s) reclamó un pacto nacional por la energía y un verdadero plan de reindustrialización.

Gregorio Briz solicitó "soluciones de choque", similares a las que se adoptarían si fuera declarada "zona catastrófica". En la misma línea se pronunció Patricia Luquin (IU), quien pidió la adopción de "todas las medidas a todos los niveles".

20 millones para Asturias

Casualmente, ayer, el mismo día que las cuencas mineras turolenses trataban de asumir la noticia, el PP pactó cuatro enmiendas en los presupuestos con Foro Asturias por cerca de 20 millones de euros para reactivar las comarcas mineras asturianas.