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Enseñanza concertada

CC.OO. Teruel ve diferencia de criterio en las decisiones de la Justicia sobre la enseñanza

La secretaria de Enseñanza del sindicato se pregunta si la Justicia no es igual para la escuela pública porque recuerda que en la provincia de Teruel muchos pueblos perdieron su escuela.

Efe. Teruel Actualizada 20/04/2017 a las 14:26

La secretaria de Enseñanza de CC. OO. en Teruel, Elena Andrés, ha criticado, en referencia a las medidas cautelares adoptadas por varios Juzgados de Zaragoza contra los recortes en la enseñanza concertada, la diferencia de criterio que se siguió cuando se solicitaron desde la pública en Cuencas Mineras.

En una nota informativa, Andrés se pregunta si la Justicia no es igual para la escuela pública porque recuerda que en los cursos 2011-12, 2012-13 y 2013-14 en la provincia de Teruel se perdieron 129,4 puestos de trabajo docente el primer curso, 74,4 al siguiente y 55 el último de ellos.

A la bajada de profesorado en esos tres cursos se acompañó de un descenso de aulas abiertas, por lo que muchos pueblos perdieron su escuela, e insiste en que la Ley 45/2007, de 13 de diciembre, para el desarrollo sostenible del medio rural, precisamente le amparaba y protegía de semejantes iniquidades.

En este sentido, afirma que el Gobierno de Aragón, entonces gobernado por el Partido Popular, "ignoró por completo las demandas de zonas despobladas que necesitan apoyo institucional para un desarrollo del territorio equilibrado y vertebrado".

Por todo ello, la Agrupación de Ampas de Cuencas Mineras se coordinaron, según recuerda su portavoz entre 2011 y 2013, Ignacio Martínez, para defender sus derechos y después de agotar todas las vías administrativas, con sus plazos, denunciaron ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón en dos ocasiones, en 2012 y 2013 y en la Fiscalía de Menores una tercera, en 2014.

Según la citada nota, en todos los casos se pidieron medidas cautelares, que nunca fueron tenidas en cuenta y solo se les dio una sentencia final al cabo de dos años en cada demanda.

Con aquellos precedentes y la respuesta de la Justicia ante las demandas de la concertada para el próximo curso, afirman que "a la indignación de aquel momento se suma el estupor que supone ver como ahora si se toman medidas cautelares, que amparan a un alumnado que, como mínimo, no tendrá que viajar a otra localidad para ser escolarizado".

"Sorprende que las familias de Cuencas Mineras no tengan derecho a decidir, de modo cautelar, si libremente prefieren que sus hijos estudien en las localidades donde residen. Sorprende que una misma legislación permita tomar una decisión y la contraria", concluye Andrés.





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