Proponen la racionalización del patrimonio público como medida de ahorro

El Gobierno de Aragón ha comenzado el proceso de elaboración de los presupuestos de la Comunidad Autónoma para 2012, que como ha avanzado Mario Garcés serán “austeros y concordantes con la situación económica regional para depurar los gastos innecesarios y preservar servicios esenciales como educación, sanidad, justicia y servicios sociales, donde hay margen de mejora y debe quedar claro que racionalizar el gasto no es recortar prestaciones”. Según fuentes del Ejecutivo, el presupuesto para 2012 será "compatible con el objetivo de estabilidad y partirá de la reformulación de un nuevo plan de reequilibro realista y ejecutable".

Entre las medidas anunciadas por el nuevo Gobierno, destaca una estrategia de racionalización del patrimonio público inmobiliario de Aragón en la que, según han confirmado, ya se está trabajando, adoptando tras el análisis de cada inmueble la solución más eficiente y enajenando aquellos que por sus características y rentabilidad privada puedan tener un mercado de adquisición.

El consejero de Hacienda y Administración Pública, Mario Garcés, ha adelantado la elaboración de un Proyecto de Ley de Subvenciones y Ayudas Públicas que “garantice que las ayudas tienen utilidad efectiva y que generan beneficios sociales y económicos, mejorando los sistemas de control y erradicando los gastos innecesarios”.

La auditoría actualmente en curso que estará finalizada previsiblemente a lo largo del mes de octubre pretende identificar las áreas de riesgo en las que hay obligaciones de gasto sin cobertura presupuestaria y analizar la posición de riesgo del sector público empresarial. Las decisiones sobre la viabilidad de cada entidad se adoptarán a partir de los resultados obtenidos.

Fondo de reserva

Además, el Gobierno de Aragón presentará a lo largo de los próximos meses una Ley de Estabilidad Presupuestaria y de Transparencia, que incluirá la obligación de fijar un techo de gasto no financiero en el presupuesto de la Comunidad, así como instrumentos de gestión presupuestaria que reduzcan el impacto de las modificaciones alcistas de los créditos presupuestarios. Una de las principales novedades de esta ley es que contendrá un fondo de reserva para prestación de servicios sanitarios y sociales que se nutrirá con los excedentes que haya en etapas de superávit presupuestario.

Plan de contención

Asimismo, el Ejecutivo trabaja en la elaboración de un Plan de Racionalización del gasto Corriente que verá la luz en las próximas semanas y que incluirá medidas como la desaparición de las ayudas inespecíficas que –recuerda Garcés- “venía concediendo de forma discrecional el Gobierno de Aragón, para lo que derogaremos el Decreto que daba cobertura a esta práctica”.

Además, a partir del próximo año y una vez que se modifiquen las bases reguladoras y las convocatorias de subvenciones se exigirá a todas las Administraciones Públicas receptoras de subvenciones, ayudas o convenios la aprobación igualmente de medidas de contención del gasto público como requisito necesario.

Del mismo modo, el Consejo de Gobierno va a aprobar un acuerdo de retención de crédito dentro de los márgenes de disponibilidad presupuestaria existentes a esta fecha. Según el Ejecutivo, los diferentes Departamentos han estado trabajando para identificar las partidas en las que esta medida puede llevarse a cabo.