Más de 15.000 extranjeros viven en Aragón sin papeles

Mamadou, Idrissa y Taibou viven de vender películas, ropa o bisutería en la calle, en el 'top manta'. El día bueno sacan 5 o 6 euros; muchos otros, nada. Acumulan multas -que no pueden pagar- de hasta 800 euros por vender en la calle o por no tener papeles. Estos senegaleses, vecinos de Zaragoza desde hace unos cuatro años, son la cara de una realidad cotidiana que apenas se ve.

Sus historias siguen caminos paralelos. Vinieron en época de bonanza soñando con un futuro mejor y ahora se enfrentan a una situación complicada: “He tenido varios trabajos, antes era fácil, siempre sin papeles. El último fue en una obra, hace más de tres años. Desde entonces vendo en la calle. La Policía nos sigue, nos quita la mercancía, nos multa”, cuenta Mamadou, de 36 años.

“Vine a Zaragoza porque aquí tenía amigos. El viaje fue muy duro: siete días en patera de Dakar a Marruecos y de ahí a Tenerife. Trabajé en el campo en Caspe en 2008 y desde entonces me busco la vida en la calle, vendiendo”, afirma Idrissa, de 32 años, que vive en un piso con cinco amigos y paga 80 euros al mes por una habitación compartida. “Compramos las películas y la ropa en una tienda de chinos, y luego nosotros lo vendemos en la calle. Pero se nota la crisis, vendemos poco”, añade Taibou, de 44 años.

Red de Apoyo a Sin Papeles de Aragón

Los tres forman parte de la Red de Apoyo a Sin Papeles de Aragón, un colectivo de españoles y extranjeros, con y sin papeles, que reivindican “un trato social y ciudadano equitativo para todas las personas independientemente de su procedencia, su renta o la posesión o no de un documento identificativo”. Idrissa muestra orgulloso su carné de la Red con el número 412. Desde la Red organizan encuentros periódicos, charlas, asesoría jurídica (en el centro social de La Pantera Rossa), talleres y fiestas.

¿Cuántos inmigrantes irregulares viven en Aragón? Es difícil saberlo, porque no hay un registro de 'sin papeles'. Los últimos datos recogidos en el Instituto Nacional de Estadística, de 1 de enero de 2010, señalan que en Aragón hay 172.000 extranjeros empadronados. Algunas entidades sociales calculan que el número de sin papeles ronda el 10%, por lo que podrían ser más de 15.000 personas en situación irregular.

En estos números caben historias de subsaharianos que antes trabajaban en la construcción o en el campo y ahora venden películas o bufandas en la calle; extranjeros a los que se les ha caducado el permiso y ahora no encuentran otro trabajo para renovar sus papeles; y, sobre todo, muchas mujeres latinoamericanas que trabajan en el servicio doméstico.

Menos 'sin papeles'

“Sigue habiendo una bolsa de inmigrantes irregulares pero menos que en los años 90. Ha descendido el número de 'sin papeles' por las regularizaciones extraordinarias (la última, en 2005, legalizó a 700.000 personas en España y 17.000 en Aragón); porque muchos han regresado a sus países por la crisis, y porque la figura del arraigo social está sirviendo para hacer una regularización continua. Nosotros apostamos por la regulación de los flujos migratorios de entrada y por la regulación de los que están aquí a través del arraigo social”, afirma Beatriz Sanz, secretaria de Igualdad y Migraciones de UGT Aragón.

“El arraigo social es prácticamente la única vía para regularizar a los que ya están aquí. Se requiere tres años de residencia en España y un contrato de trabajo. Hay mucha gente viviendo escondida, con miedo, sobre todo mujeres que trabajan en el servicio doméstico. Aparecen cuando llevan tres años para pedir los papeles”, señalan Alfredo Herranz y Laura Sorribes, asesores jurídicos de la Plataforma de Inmigrantes de Aragón (ella también colaboró con la Red de Apoyo a Sin Papeles).

Expulsiones

Para muchos irregulares lo difícil ahora es conseguir el contrato de trabajo. Y el miedo a enfrentarse a una expulsión. “La Ley de Extranjería prevé para los indocumentados multa o expulsión. Ahora se está priorizando una sanción económica antes que la expulsión”, apuntan estos abogados. En lo que llevamos de año, en Aragón se han iniciado 500 expedientes de expulsión. El proceso es largo, complejo y caro, y solo una pequeña parte terminan en expulsiones firmes del país.

Mamadou tenía una orden de expulsión pero se la cambiaron por una multa de 800 euros. A Idrissa le pusieron una sanción de 180 euros por vender en la calle. Y Taibou tiene multas por ambos motivos: vender en la calle y no tener documentación. Llevan más de tres años en España, pero no tienen un contrato de trabajo que les permitiría acceder a la regularización por el arraigo social.

“No tenemos miedo, no hemos hecho nada malo. Solo estamos aquí para buscar una vida mejor”, afirma Mamadou. Desconocen si su futuro está en España, en Senegal o en otro sitio, pero tienen algo claro. “A los que están en Senegal les decimos que se queden allí, que no merece la pena venir”, asegura Idrissa.