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Más de cuatro años después de ser anunciado, el Consejo de Gobierno aprobó ayer el decreto que regula el derecho a la segunda opinión médica. Los pacientes podrán ejercer a partir de ahora un derecho que, aunque se encontraba reconocido en algunas leyes, no se había podido poner en práctica.

La redacción del decreto ha resultado muy laboriosa debido a los trámites administrativos y a los cambios propuestos por la Comisión Jurídica Asesora, aunque la fase de información pública, en la que han intervenido numerosas asociaciones y entidades, ha sido muy ágil. De hecho, como los trabajos están muy adelantados, la directora general de Atención al Usuario del Gobierno de Aragón, Teresa Antoñanzas, destacó ayer que el decreto se va a poner en marcha sin apurar el plazo de tres meses que se establece a partir de su publicación en el BOA.

El objetivo de esta medida, que ya está regulada en la gran mayoría de las Comunidades Autónomas, es asegurar la confianza del paciente. El derecho a pedir una segunda opinión se circunscribe a una lista de procesos graves y concretos (ver cuadro adjunto).

El paciente podrá recibir así una opinión por parte de otro facultativo sobre su caso. Esta segunda opinión se basará siempre en los informes y las pruebas ya realizadas que forman el historial del paciente, aunque este podrá ser nuevamente citado si se aprecia la necesidad de valorar el caso con su presencia o la solicitud de nuevas pruebas. La medida podrá solicitarse siempre que no haya una situación de urgencia, en la que prima la atención al paciente. De cualquier forma, la opinión se trasladará a otros equipos de la Comunidad, salvo que no haya otro de su especialidad, en cuyo caso se remitirá al paciente a otra Autonomía.

La directora general de Atención al Usuario, Teresa Antoñanzas, señaló que el hecho de que se trate de una lista cerrada de enfermedades se basa en la necesidad de concretar y garantizar la eficacia del sistema, dada la experiencia de otras autonomías. En el caso de Aragón destaca la inclusión de los trasplantes, que otras comunidades no incluyen. Queda ahora por ver el futuro práctico de esta norma, dado que hay dos decretos, el de actividad quirúrgica y el de la primera consulta de especialidades y pruebas diagnósticas, que no se están cumpliendo.