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Los servicios jurídicos de las Cortes han dado un fuerte varapalo a la Ley de Centros de Ocio de Alta Capacidad en un informe en el que, entre otras cuestiones, dudan de que se puedan considerar este tipo de proyectos "de utilidad pública e interés social" para poder expropiar terrenos. Es más, advierten de que "podría cuestionarse la constitucionalidad de esta previsión legal" y sugieren su supresión. La ley permite que la DGA expropie suelo una vez que los promotores dispongan del 80% de los terrenos (hasta ahora era el 90%). Precisamente, ayer, IU anunció que estudia acudir a los tribunales por este motivo.

Esta apreciación se repite hasta en tres ocasiones a lo largo de 19 páginas y una más a cuenta de un artículo que señala que es el Gobierno de Aragón el que debe especificar -reglamentariamente- las infracciones leves en estos proyectos del juego. Según los jurídicos, este punto "incumple los principios de legalidad y tipicidad", ya que el Tribunal Constitucional establece que las conductas ilícitas y sus sanciones estén predeterminadas en la norma legal. En total, el informe jurídico incluye 48 correcciones a la ley (tiene 40 artículos), de las que solo se han aceptado 13 y por cuestiones puramente formales.

"Serias dudas jurídicas"

Además de la posible inconstitucionalidad de algunos preceptos, los servicios jurídicos de las Cortes también alertan de que otros plantean "serias dudas jurídicas" como que una zona determinada del territorio aragonés -en la que se instalaría el futuro proyecto- se rija por una normativa "singular" de juego distinta a la autonómica. Es más, dice que podría incurrir en "inseguridad jurídica". La ley de centros de ocio indica que este tipo de proyectos se regulan según unas reglas internacionales, pero en ningún apartado se concreta cuáles son.

Otro de los puntos conflictivos se refiere a la figura del consorcio, integrada por administraciones públicas. El informe llama la atención de "la deficiente regulación" de los estatutos del consorcio, "más bien dispera y confusa", y pone como ejemplo que no se aclara cómo se aprobarán, si por decreto de la DGA o resolución. Apuesta por la primera. También reclama más concreción de las funciones y que se especifique si se convertirá en una nueva administración pública, con las repercusiones que conllevaría. En este sentido, duda del respeto a la autonomía municipal.

El resto de correcciones se refieren a defectos de forma y a que se tenga en cuenta las nuevas leyes aprobadas (la urbanística) y las existentes (la de turismo). No obstante, IU ya anunció que estudiará llevar la ley de centros de ocio al Tribunal Constitucional, aunque reconoció que podría verse limitado por su capacidad económica. "Esto es una aberración legislativa", dijo el portavoz, Adolfo Barrena. "Es una ley con anomalías porque mina tantas leyes... y no tiene en cuenta la urbanística", denunció el diputado de CHA, Chesús Yuste, que denunció la "velocidad supersónica con la que se ha tramitado para cumplir el compromiso de Biel". También el portavoz del PP, Eloy Suárez, criticó la precipitación.

Por su parte, el presidente de la ponencia, Javier Callau (PAR), aseguró que se ha consultado con los jurídicos que elaboraron la ley y niegan que sea inconstitucional. "No se ve ninguna pega", argumentó. José Ramón Ibáñez (PSOE) dijo que "no deja de ser una opinión".

Ayer, se celebró la última ponencia de la ley (solo ha habido tres reuniones), lo que permitirá aprobarla en tiempo récord mañana en la comisión de Industria y el próximo jueves, en el pleno. Se han aceptado numerosas enmiendas del PP, entre ellas, las que otorgan mayor peso a los ayuntamientos en el consorcio.