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GRAN SCALA

Los letrados de las Cortes creen que la ley de Gran Scala puede ser inconstitucional

Un informe duda de que el proyecto se pueda declarar de "interés social" para expropiar. IU estudia acudir al Tribunal Constitucional.

N. ASÍN. Zaragoza Actualizada 18/06/2009 a las 13:14
15 Comentarios
El vicepresidente, José Ángel Biel, impulsor de esta norma, conversa con el consejero de Economía.O. DUCH

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Los servicios jurídicos de las Cortes han dado un fuerte varapalo a la Ley de Centros de Ocio de Alta Capacidad en un informe en el que, entre otras cuestiones, dudan de que se puedan considerar este tipo de proyectos "de utilidad pública e interés social" para poder expropiar terrenos. Es más, advierten de que "podría cuestionarse la constitucionalidad de esta previsión legal" y sugieren su supresión. La ley permite que la DGA expropie suelo una vez que los promotores dispongan del 80% de los terrenos (hasta ahora era el 90%). Precisamente, ayer, IU anunció que estudia acudir a los tribunales por este motivo.

 

Esta apreciación se repite hasta en tres ocasiones a lo largo de 19 páginas y una más a cuenta de un artículo que señala que es el Gobierno de Aragón el que debe especificar -reglamentariamente- las infracciones leves en estos proyectos del juego. Según los jurídicos, este punto "incumple los principios de legalidad y tipicidad", ya que el Tribunal Constitucional establece que las conductas ilícitas y sus sanciones estén predeterminadas en la norma legal. En total, el informe jurídico incluye 48 correcciones a la ley (tiene 40 artículos), de las que solo se han aceptado 13 y por cuestiones puramente formales.

"Serias dudas jurídicas"

Además de la posible inconstitucionalidad de algunos preceptos, los servicios jurídicos de las Cortes también alertan de que otros plantean "serias dudas jurídicas" como que una zona determinada del territorio aragonés -en la que se instalaría el futuro proyecto- se rija por una normativa "singular" de juego distinta a la autonómica. Es más, dice que podría incurrir en "inseguridad jurídica". La ley de centros de ocio indica que este tipo de proyectos se regulan según unas reglas internacionales, pero en ningún apartado se concreta cuáles son.

 

Otro de los puntos conflictivos se refiere a la figura del consorcio, integrada por administraciones públicas. El informe llama la atención de "la deficiente regulación" de los estatutos del consorcio, "más bien dispera y confusa", y pone como ejemplo que no se aclara cómo se aprobarán, si por decreto de la DGA o resolución. Apuesta por la primera. También reclama más concreción de las funciones y que se especifique si se convertirá en una nueva administración pública, con las repercusiones que conllevaría. En este sentido, duda del respeto a la autonomía municipal.

 

El resto de correcciones se refieren a defectos de forma y a que se tenga en cuenta las nuevas leyes aprobadas (la urbanística) y las existentes (la de turismo). No obstante, IU ya anunció que estudiará llevar la ley de centros de ocio al Tribunal Constitucional, aunque reconoció que podría verse limitado por su capacidad económica. "Esto es una aberración legislativa", dijo el portavoz, Adolfo Barrena. "Es una ley con anomalías porque mina tantas leyes... y no tiene en cuenta la urbanística", denunció el diputado de CHA, Chesús Yuste, que denunció la "velocidad supersónica con la que se ha tramitado para cumplir el compromiso de Biel". También el portavoz del PP, Eloy Suárez, criticó la precipitación.

 

Por su parte, el presidente de la ponencia, Javier Callau (PAR), aseguró que se ha consultado con los jurídicos que elaboraron la ley y niegan que sea inconstitucional. "No se ve ninguna pega", argumentó. José Ramón Ibáñez (PSOE) dijo que "no deja de ser una opinión".

 

Ayer, se celebró la última ponencia de la ley (solo ha habido tres reuniones), lo que permitirá aprobarla en tiempo récord mañana en la comisión de Industria y el próximo jueves, en el pleno. Se han aceptado numerosas enmiendas del PP, entre ellas, las que otorgan mayor peso a los ayuntamientos en el consorcio.

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'''Los servicios jurídicos de las Cortes han dado un fuerte varapalo a la Ley de Centros de Ocio de Alta Capacidad en un informe en el que, entre otras cuestiones, dudan de que se puedan considerar este tipo de proyectos "de utilidad pública e interés social" para poder expropiar terrenos. Es más, advierten de que "podría cuestionarse la constitucionalidad de esta previsión legal" y sugieren su supresión. La ley permite que la DGA expropie suelo una vez que los promotores dispongan del 80% de los terrenos (hasta ahora era el 90%). Precisamente, ayer, IU anunció que estudia acudir a los tribunales por este motivo.   Esta apreciación se repite hasta en tres ocasiones a lo largo de 19 páginas y una más a cuenta de un artículo que señala que es el Gobierno de Aragón el que debe especificar -reglamentariamente- las infracciones leves en estos proyectos del juego. Según los jurídicos, este punto "incumple los principios de legalidad y tipicidad", ya que el Tribunal Constitucional establece que las conductas ilícitas y sus sanciones estén predeterminadas en la norma legal. En total, el informe jurídico incluye 48 correcciones a la ley (tiene 40 artículos), de las que solo se han aceptado 13 y por cuestiones puramente formales. "Serias dudas jurídicas" Además de la posible inconstitucionalidad de algunos preceptos, los servicios jurídicos de las Cortes también alertan de que otros plantean "serias dudas jurídicas" como que una zona determinada del territorio aragonés -en la que se instalaría el futuro proyecto- se rija por una normativa "singular" de juego distinta a la autonómica. Es más, dice que podría incurrir en "inseguridad jurídica". La ley de centros de ocio indica que este tipo de proyectos se regulan según unas reglas internacionales, pero en ningún apartado se concreta cuáles son.   Otro de los puntos conflictivos se refiere a la figura del consorcio, integrada por administraciones públicas. El informe llama la atención de "la deficiente regulación" de los estatutos del consorcio, "más bien dispera y confusa", y pone como ejemplo que no se aclara cómo se aprobarán, si por decreto de la DGA o resolución. Apuesta por la primera. También reclama más concreción de las funciones y que se especifique si se convertirá en una nueva administración pública, con las repercusiones que conllevaría. En este sentido, duda del respeto a la autonomía municipal.   El resto de correcciones se refieren a defectos de forma y a que se tenga en cuenta las nuevas leyes aprobadas (la urbanística) y las existentes (la de turismo). No obstante, IU ya anunció que estudiará llevar la ley de centros de ocio al Tribunal Constitucional, aunque reconoció que podría verse limitado por su capacidad económica. "Esto es una aberración legislativa", dijo el portavoz, Adolfo Barrena. "Es una ley con anomalías porque mina tantas leyes... y no tiene en cuenta la urbanística", denunció el diputado de CHA, Chesús Yuste, que denunció la "velocidad supersónica con la que se ha tramitado para cumplir el compromiso de Biel". También el portavoz del PP, Eloy Suárez, criticó la precipitación.   Por su parte, el presidente de la ponencia, Javier Callau (PAR), aseguró que se ha consultado con los jurídicos que elaboraron la ley y niegan que sea inconstitucional. "No se ve ninguna pega", argumentó. José Ramón Ibáñez (PSOE) dijo que "no deja de ser una opinión".   Ayer, se celebró la última ponencia de la ley (solo ha habido tres reuniones), lo que permitirá aprobarla en tiempo récord mañana en la comisión de Industria y el próximo jueves, en el pleno. Se han aceptado numerosas enmiendas del PP, entre ellas, las que otorgan mayor peso a los ayuntamientos en el consorcio.''' $(html_text)

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'''Los servicios jurídicos de las Cortes han dado un fuerte varapalo a la Ley de Centros de Ocio de Alta Capacidad en un informe en el que, entre otras cuestiones, dudan de que se puedan considerar este tipo de proyectos "de utilidad pública e interés social" para poder expropiar terrenos. Es más, advierten de que "podría cuestionarse la constitucionalidad de esta previsión legal" y sugieren su supresión. La ley permite que la DGA expropie suelo una vez que los promotores dispongan del 80% de los terrenos (hasta ahora era el 90%). Precisamente, ayer, IU anunció que estudia acudir a los tribunales por este motivo.   Esta apreciación se repite hasta en tres ocasiones a lo largo de 19 páginas y una más a cuenta de un artículo que señala que es el Gobierno de Aragón el que debe especificar -reglamentariamente- las infracciones leves en estos proyectos del juego. Según los jurídicos, este punto "incumple los principios de legalidad y tipicidad", ya que el Tribunal Constitucional establece que las conductas ilícitas y sus sanciones estén predeterminadas en la norma legal. En total, el informe jurídico incluye 48 correcciones a la ley (tiene 40 artículos), de las que solo se han aceptado 13 y por cuestiones puramente formales. "Serias dudas jurídicas" Además de la posible inconstitucionalidad de algunos preceptos, los servicios jurídicos de las Cortes también alertan de que otros plantean "serias dudas jurídicas" como que una zona determinada del territorio aragonés -en la que se instalaría el futuro proyecto- se rija por una normativa "singular" de juego distinta a la autonómica. Es más, dice que podría incurrir en "inseguridad jurídica". La ley de centros de ocio indica que este tipo de proyectos se regulan según unas reglas internacionales, pero en ningún apartado se concreta cuáles son.   Otro de los puntos conflictivos se refiere a la figura del consorcio, integrada por administraciones públicas. El informe llama la atención de "la deficiente regulación" de los estatutos del consorcio, "más bien dispera y confusa", y pone como ejemplo que no se aclara cómo se aprobarán, si por decreto de la DGA o resolución. Apuesta por la primera. También reclama más concreción de las funciones y que se especifique si se convertirá en una nueva administración pública, con las repercusiones que conllevaría. En este sentido, duda del respeto a la autonomía municipal.   El resto de correcciones se refieren a defectos de forma y a que se tenga en cuenta las nuevas leyes aprobadas (la urbanística) y las existentes (la de turismo). No obstante, IU ya anunció que estudiará llevar la ley de centros de ocio al Tribunal Constitucional, aunque reconoció que podría verse limitado por su capacidad económica. "Esto es una aberración legislativa", dijo el portavoz, Adolfo Barrena. "Es una ley con anomalías porque mina tantas leyes... y no tiene en cuenta la urbanística", denunció el diputado de CHA, Chesús Yuste, que denunció la "velocidad supersónica con la que se ha tramitado para cumplir el compromiso de Biel". También el portavoz del PP, Eloy Suárez, criticó la precipitación.   Por su parte, el presidente de la ponencia, Javier Callau (PAR), aseguró que se ha consultado con los jurídicos que elaboraron la ley y niegan que sea inconstitucional. "No se ve ninguna pega", argumentó. José Ramón Ibáñez (PSOE) dijo que "no deja de ser una opinión".   Ayer, se celebró la última ponencia de la ley (solo ha habido tres reuniones), lo que permitirá aprobarla en tiempo récord mañana en la comisión de Industria y el próximo jueves, en el pleno. Se han aceptado numerosas enmiendas del PP, entre ellas, las que otorgan mayor peso a los ayuntamientos en el consorcio.''' $(html_text)
  


  • fumo20/06/09 00:00
    Gran Scala podría haber sido un proyecto viable hace 30 años, ahora mismo se sustenta únicamente en humo que la DGA traga sin problema. Si se llega a hacer "rezo" porque este todo bien atado y no nos arrastre a la deuda y miseria. Si no se hace casi me sentiría aliviado por no tener que ofrecerle a mis hijos un futuro basado en la farándula
  • numero418/06/09 00:00
    jaja, dar gracias al periodista por publicar una noticia y al letrado de las cortes por hacer su obligacion? Es curioso ¿no? Sabed todos que IU no cumple con los requisitos como tal para elevar esta cuestion al constitucional, Hacen falta una serie de requisitos parlamentarios que esta formacion politica no tiene. No están legitimados. No obstante, tranquilos todos, que si la norma es realmente inconstitucional, terminará por no aprobarse en sustitucion de otra o por derogarse en una revision a posteriori por el propio tribunal constitucinol.
  • Rafa18/06/09 00:00
    No sabéis la alegría que me habéis dado, por fin un poco de cordura en esta vorágine del ladrillazo, megaproyectos auspiciados por gente de dudoso proceder y de dudosa sostenibilidad.
  • Ignacio18/06/09 00:00
    Supongo que ahora la cuestión será dilucidar qué peso específico tiene un informe jurídico elaborado con criterios técnicos frente al argumentario de los políticos encaprichados con este auténtico disparate. Lo más grave, con todo, no es que surjan informes que cuestionen la constitucionalidad de una ley sino que desde el Gobierno de Aragón se apueste por un proyecto urbanístico cuyo modelo de desarrollo resulta incompatible con la realidad económica, ambiental y social.
  • otro alejandro18/06/09 00:00
    Pues yo creo que los juristas de las cortes, y los que estan en contra de gran escala, (viviendo en Zaragoza y con casi siempre un buen sueldo) deberian darse una vuelta por los pueblos a ver que opinan de estas opiniones. Aqui en Aragon somos asi, unos autenticos tocapelotas, si lo hubieran proyectado en Lerida tambien hubieramos protestado por ello.
  • anonimo18/06/09 00:00
    TAMBIEN ES ANTICONSTITUCIONAL EL PARO SEGUN LA CONSTITUCION TODO ESPAÑOL TIENE EL DERECHO DE TENER TRABAJO Y UNA VIVIENDA DIGNA Y NO TIENEN NI UNA NI OTRA ESO SI QUE ES ANTICONSTITUCIONAL
  • numero418/06/09 00:00
    Y tambien derecho a la vida. Desde hoy, morir será inconstitucional.
  • filipides18/06/09 00:00
    GS se llevará adelante simplemente por intereses de muchos. Ante todo, se le echará un parche al paro de los alrededores, y los políticos pondrán la mano por detrás para coger lo que caiga, de dineros y de favores, que de todo hay. Sobre todo por esto último, ya que lo del paro va para largo, pero saben que no ya sólo para la zona. En la Expo, había empresas canarias que habían traído sus propios trabajadores.
  • alejandro cortes18/06/09 00:00
    Estoy en contra de Gran Scala y soy jurista. El intento de manipulación de IU abochorna a cualquiera que sea jurista. Iu puede estudiar lo que quiera, porque sabe que NO puede llevar la Ley al constitucional. Lo que muchos pensamos ya es que lo pretende IU ess auparse electoralmente a costa de la verdad, de la Ley orgánica del Tribunal Constitucional y de los colectivos sociales Un poco de rigor, un poco de seriedad y menos utilización partidista de IU.
  • Cyrano18/06/09 00:00
    Los defensores de Gran Scala insisten en que se trata de un proyecto sostenible en el tema medioambiental y beneficioso económicamente para la zona. Pero por encima de esos dos aspectos está el tema 'moral' de una actividad como el juego, que viene de la manita de otros vicios. Este proyecto es a todas luces ética y moralmente insostenible, aunque hagan 40 leyes a medida. Tenemos un Eurovertedero y vamos a tener otro...
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