Medio centenar de establecimientos de la Asociación Plataforma de Empresas Hosteleras de Aragón (Apeha) reclamarán el dinero que han invertido a partir de 2005 para adaptar sus locales a la anterior ley antitabaco. Con la entrada en vigor de la anterior norma hace cinco años, muchos establecimientos de más de cien metros tuvieron que habilitar espacios diferenciados para fumadores y no fumadores. Las inversiones oscilaron entre los 6.000 y los 30.000 euros.

Apeha ya ha pedido asesoría legal al despacho de abogados Garrigues para estudiar la posibilidad de presentar una reclamación de responsabilidad patrimonial del Estado legislador, por los perjuicios económicos derivados del cambio de la normativa. Podría tratarse de la primera demanda en España en ese sentido. Si fuera rechazada por esta vía, la demanda podría llegar al Tribunal Supremo.

Su reclamación se basa en la propia exposición de motivos de la ley, que establece que se rige por los objetivos de la Estrategia Europea para el Control del Tabaco (de la Organización Mundial de la Salud). Pero esta plantea dos posibilidades: la prohibición total o la restricción severa de los espacios para fumadores. Según explican los afectados, cuando se aprobó la ley de 2005 se eligió este segundo planteamiento y los hosteleros «confiaron en que esta situación no iba a cambiar, al haber optado el legislador por una de las dos alternativas». Ahora, aseguran que se ha cambiado de postura sin que las circunstancias hayan variado.

Malestar en el sector

En estos momentos, según explicaron desde Apeha, medio centenar de hosteleros ya han mostrado su interés en interponer estas reclamaciones (se harían individualmente). No obstante, la entidad quiere ponerse en contacto con otras asociaciones del sector para intentar que la reclamación «sea lo más masiva posible». «Existe un malestar evidente. Nadie se acuerda de la inversión que se hizo. No avisaron de la duración de la normativa. La gente hizo obras que les supuso un dinero y, ahora, costará un dinero desmontarlas», precisó Enrique Puértolas, de Apeha.

La fecha límite para presentar una reclamación patrimonial contra una actuación legislativa es un año, pero los hosteleros quieren emprenderla cuanto antes para que se extienda lo menos en el tiempo y se pueda tener un resultado lo antes posible.

El malestar por este motivo se une al que ya hay en el sector en general por la aplicación de la nueva ley antitabaco, a partir del 2 de enero de este año. De hecho, los bares ya pidieron hace unos días la suspensión de la actual normativa y están recogiendo firmas para respaldar esta decisión y presentar una iniciativa legislativa de modificación de la ley. Consideran que debe cambiarse en la línea de otros países de la Unión Europea, que han adoptado normativas más flexibles, que «dan solución eficaz al derecho a la salud de los trabajadores y al derecho de los no fumadores a disponer de espacios libres de humo», aseguran desde la Federación Española de Hostelería (FEHR).