Las razones del agua

Hablar de agua en Aragón tiene siempre una tensión propia, un significado vinculado también a la política. La Comunidad, que se ha mostrado y se muestra exigente en la defensa de sus derechos sobre el agua que discurre por su territorio, ha de asumir también sus obligaciones. Esta condición se extiende a todos los aspectos de su gestión. Cuidar el agua es también cuidar las razones de Aragón en el debate. Y ese compromiso pasa también por el adecuado saneamiento de las aguas.

De esta forma, Aragón se ha puesto en cabeza en el plan de depuración de aguas residuales. Una exigencia que viene marcada por una directiva europea de 1991 y que llevó al Gobierno aragonés a establecer un plan para aquellos municipios de más de 1.000 habitantes (o con vertidos equivalentes): en total, 171 núcleos habitados en un plazo de cuatro años. Un proyecto más ambicioso de lo que requería la UE, que lo circunscribía a aquellos municipios de más de 2.000 habitantes. Este plan especial es la mayor actuación medioambiental de la historia de Aragón, un hecho sin precedentes en España y, según fuentes de la DGA, probablemente en Europa.

Esta obra tenía dificultades objetivas, tanto por la dispersión geográfica de la población aragonesa como por las frecuentes dificultades orográficas del terreno. Hubo que hacer de la necesidad virtud e idear fórmulas novedosas para afrontar un proyecto de gran envergadura. Así surgió la cooperación público-privada en la construcción y explotación de infraestructuras de depuración, que establecía posteriores concesiones administrativas por un periodo de 20 años. Este modelo se ha ido aplicando luego a otros ámbitos de la Administración

Proyección internacional

El propio consejero de Medio Ambiente, Alfredo Boné, llevó el plan el año pasado al Foro Mundial del Agua celebrado en Estambul (Turquía) con los auspicios de la OCDE y ha recibido algunos galardones internacionales. El plan cuenta con una inversión total de 1.062 millones de euros para 131 estaciones depuradoras, con 40 colectores (con un recorrido total de 500 kilómetros).

Luis Marruedo, viceconsejero de Medio Ambiente, explica que la Administración no tiene que adelantar ningún dinero y que el coste de la construcción se va compensando en los 20 años de concesión. Marruedo destaca la ventaja de que esas cantidades no computan como deuda de la Comunidad, algo que sí ha planteado problemas por ejemplo en algunos tramos del plan Red de carreteras que el Gobierno aragonés ha desarrollado con la misma fórmula de colaboración público-privada.

Respecto al negocio en sí para los socios privados, Luis Marruedo precisa que la demanda de agua tiene "poco riesgo" y por tanto resulta atractivo para las empresas.

Este modelo aragonés ha despertado el interés de varias comunidades autónomas como Galicia, Baleares o Extremadura y el de propio Ministerio de Medio Ambiente.

El viceconsejero aragonés considera que se trata de una fórmula idónea para inversiones de gran tamaño. De hecho, de otra manera, se estima que las obras hubiesen tardado más de 30 años en hacerse realidad. Convencidos de las bondades de este modelo, los responsables del Departamento de Medio Ambiente también han utilizado la cooperación público-privada para el Plan integral de residuos de Aragón, el llamado Plan GIRA.

La Unión Europea pretende que para el año 2015 se depure el 100% de las aguas residuales y Aragón, a pesar de las dificultades que plantea por sus características orográficas, será una de las regiones que previsiblemente cumplirá esta exigencia. De hecho, el 70% de las instalaciones están en marcha y el resto en alguna fase de obra.

La contaminación del agua derivada de usos urbanos e industriales suponen en torno al 20% del consumo total en España y su importancia va aumentando en el tiempo por el crecimiento de las aglomeraciones urbanas, el incremento general del consumo per cápita de los ciudadanos y el desarrollo industrial.

Se estima que la depuración de las aguas residuales ha reducido nada menos que un 62% la carga contaminante de la Comunidad.