El 18 de marzo de 2009, el municipio zaragozano de La Muela amaneció tomado por un centenar de agentes uniformados. A las 7.30, un cordón policial rodeaba ya la vivienda de la alcaldesa, María Victoria Pinilla (PAR), la de uno de sus hijos, Víctor Embarba, y la del concejal Rodrigo Vela. De forma simultánea, el Grupo de Blanqueo de Capitales desembarcaba en la Casa Consistorial y en la sede Aranade, empresa encargada de la gestión urbanística de la localidad. Durante horas, nadie pudo entrar ni salir de estos lugares, donde se estaban practicando los primeros registros y detenciones vinculados con la bautizada como Operación Molinos, con la que se destapaba una presunta trama de corrupción urbanística con múltiples ramificaciones.

Aquella misma mañana, la Policía intervenía en domicilios y empresas de Zaragoza, Cuarte, Cadrete, Nuez de Ebro, Alerre (Huesca), San Sebastián de los Reyes (Madrid), Alcobendas (Madrid) y San Javier (Murcia). En un primer momento, los arrestados fueron 19, y entre ellos había, principalmente, políticos y empresarios de la construcción. Si se suman las personas que fueron imputadas después, los vinculados con las supuestas operaciones fraudulentas de La Muela son ya 36. Sin embargo, pese a los 'pelotazos' millonarios y a la enorme tormenta mediática, un año después, no queda nadie en prisión.

El próximo jueves se cumplirán doce meses de las detenciones, pero la maquinaria judicial se puso en marcha hace ya casi dos años y medio, cuando cayó en manos de la Fiscalía una denuncia que destapaba un modo de gobernar, a priori, bastante sospechoso. El rápido enriquecimiento del municipio no había pasado inadvertido para casi nadie: campos y campos sembrados de molinos de viento, el polígono industrial más grande de Aragón, promociones de cientos de viviendas, campos de golf, las primeras figuras del escalafón taurino en su feria, viajes multitudinarios al Caribe… Hasta un concierto de Julio Iglesias en su nueva y flamante plaza de toros (ahora sin uso). Pero mientras los dirigentes políticos municipales sacaban pecho y 'vendían' su gestión, la Policía pinchaba decenas de teléfonos intentando averiguar si alguien les 'compraba'.

A día de hoy, la instrucción de la Operación Molinos suma ya casi 40.000 folios. Y a tenor de la documentación que queda por recibir, se gastará todavía mucho más papel. Además, las escuchas autorizadas por el juez y el material intervenido en los registros han dado pie a dos investigaciones paralelas en los juzgados de Zaragoza. Una de las más significativas, la que se sigue en el Juzgado de Instrucción número 4 contra el ex alcalde de La Muela y primo de Pinilla, Carmelo Aured, y el ex teniente del alcalde de Infraestructuras del Ayuntamiento de Zaragoza, Antonio Becerril. A este último se le investiga por una supuesta revelación de secretos, y es el único que ha sido apartado de su cargo político por estos hechos. Porque Pinilla se reincorporó de inmediato a la Alcaldía de La Muela al salir de prisión.

Puede haber más citaciones

Aunque quedan por despejar muchas incógnitas sobre las operaciones de La Muela, entre las más importantes aparecen dos: ¿cuántas imputaciones se terminará llevando el viento? ¿Queda por descubrir todavía algún tapado? La instrucción sigue adelante y todavía podría haber sorpresas. La citación como testigo del consejero de Medio Ambiente, Alfredo Boné, se ha rechazado ya dos veces, pero el juez no descarta llamarlo más adelante. Cuando tenga los informes de toda la documentación que queda por analizar.

La Operación Molinos se dirigió contra la alcaldesa de La Muela, su familia, sus aliados políticos en el Ayuntamiento, algunos funcionarios públicos y, sobre todo, empresarios vinculados con la construcción y las operaciones inmobiliarias. De los 36 imputados que hay actualmente -el juzgado de La Almunia sobreseyó en noviembre de 2009 la causa contra la policía local Naila Urruzola-, tan solo tres estuvieron en prisión preventiva. Estos fueron la propia alcaldesa, que pasó cuatro meses y a la que se le impuso una fianza de 800.000 euros; el concejal Juan Carlos Rodrigo, que salió a los tres meses tras pagar 150.000 euros; y el empresario José Carlos Fernández Delgado, que permaneció encarcelado 68 días y abonó 250.000 euros. Julián de Miguel, responsable de Aranade, empresa que gestionaba el urbanismo de La Muela, eludió la cárcel con 120.000 euros de fianza.