Un solo día ha tardado Marcelino Iglesias en plegarse a los deseos de los socialistas catalanes y las directrices del Gobierno de Rodríguez Zapatero. El jueves, el presidente aragonés reiteraba su espíritu antitrasvasista, pero sostenía que antes de adoptar medidas había que esperar al informe que iba a encargar a la Comisión Jurídica Asesora para dilucidar "con serenidad y precisión" si el proyecto de llevar agua a Barcelona "es o no un trasvase". Ayer, el día en que se aprobó la nueva transferencia del Ebro, no precisó de ese informe, que ni siquiera ha sido encargado, para afirmar que "no es un trasvase", lo que le eximiría de la obligación estatutaria de plantarle batalla.

El presidente ni esperó a que finalizase el Consejo de Ministros para dar cobertura incondicional a sus correligionarios. En declaraciones en Teruel explicó por la mañana que ya conocía el decreto que iba a dar luz verde al proyecto de transferencia y aseguró que "no afecta a la cuenca del Ebro y soluciona los problemas de emergencia de agua de boca de Barcelona con los recursos que tiene concedida la cuenca de Barcelona (sic) desde 1981".

Iglesias insistió en que "no hay afección a la cuenca del Ebro y no hay trasvase; se redistribuyen los cuatro metros cúbicos por segundo aprobados desde 1981". "Por eso -agregó- no ha sido necesario reunir al Consejo de la cuenca, porque el problema se resuelve fuera de la cuenca".

El jefe del Ejecutivo aragonés señaló que "Valencia y Murcia apoyan esta solución para insistir en el viejo trasvase del Ebro, pero la situación actual no es un trasvase, porque las cuencas internas de Cataluña no aumentan su caudal concedido ni en un litro de agua". "Será solo una medida temporal, de emergencia, por nueve meses, hasta que esté lista la desaladora del Prat", insistió.

Por su parte, el PAR, por boca de José Ángel Biel y en un comunicado de la diputada María Herrero, expresó su más que medido reposicionamiento en la polémica: no hablar de trasvase -lo que les obligaría a dejar el Gobierno porque rompe el pacto con el PSOE-, pero reclamar alternativas con los recursos propios de las cuencas de Cataluña.

Los grupos de la oposición reaccionaron de inmediato contra la postura mantenida por Marcelino Iglesias. El presidente del PP aragonés, Gustavo Alcalde, lamentó la decisión adoptada por el Consejo de Ministros "sin haber consultado con ninguna de las Comunidades que forman parte de la cuenca del Ebro y sin la más leve oposición de Iglesias, que parece observar desde lejos cómo su propio partido le sitúa al borde de la dimisión".

Alcalde recordó que este trasvase se hace "sin estar resueltas las obras hidráulicas contempladas en el Pacto del Agua, lo que hipoteca directamente las posibilidades de uso presentes y futuras de todos los ciudadanos aragoneses". "Marcelino es una vez más una marioneta, un pelele cuyos hilos manejan unas veces desde Madrid y las más desde Cataluña", apostilló.

La presidenta de CHA, Nieves Ibeas, dijo que "Iglesias y el PSOE han traicionado la confianza de los aragoneses a los que pidieron el voto prometiéndoles que no habría trasvase" y resaltó la "incoherencia insultante" de que "pida un informe para conocer la naturaleza de esta transferencia de agua" y luego no espere a sus conclusiones. "Ha mostrado una cobardía vergonzosa; es una marioneta a las órdenes de Madrid, sin criterio, sin coherencia y sin dignidad", añadió.

El coordinador de la Presidencia de IU-Aragón, José Manuel Alonso, denunció que el trasvase "es un proyecto que, de manera encubierta, pretende construir una instalación estable y fija, que no solo llevará agua de boca". "Hay demasiado oscurantismo, hay intereses privados como los de la entidad que lo ha hecho (Aguas de Barcelona) y no hay garantías de que sirva para solucionar el fallo de las desaladoras".