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Huesca

El TSJA anula el nombramiento de cuatro policías de Huesca que pertenecen al Cuerpo desde 2006

Fueron cesados en 2009 dentro del mismo proceso pero se les volvió a readmitir. El Ayuntamiento tiene de plazo hasta diciembre para resolver la situación.

M. Tragacete. Zaragoza Actualizada 06/10/2015 a las 18:09
Luis Felipe es el actual alcalde de Huesca.R. Gobantes

La Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJA ha condenado al Ayuntamiento de Huesca para que en el plazo de dos meses (la sentencia se dictó el 8 de julio) declare nulas todas las actuaciones que eludan el cumplimiento de la sentencia de ejecución del proceso de oposiciones a la Policía local convocadas en 2005 (siendo alcalde Fernando Elboj) y, en consecuencia, queden anulados los nombramientos quienes adquirieron la condición de funcionarios públicos entonces. Esta no es la primera vez que la Justicia dicta una resolución sobre este proceso, ya que en 2009 se dictó una sentencia en la misma línea que la emitida el pasado mes de julio.

Aunque en un primer momento la parte recurrente consideró que el plazo de dos meses acababa este jueves 8 de octubre (al considerarse agosto inhábil judicialmente hablando), este mismo martes 6 de octubre el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Huesca ha reabierto la pieza de ejecución de todas las actuaciones que deben declararse nulas por parte del Ayuntamiento, entre ellas los nombramientos de los policías locales. De esta forma el plazo empieza a correr desde este 6 de octubre y acabará el 6 de diciembre.

Este proceso judicial que ya casi dura una década se inició tras el recurso de dos aspirantes a las pruebas selectivas. Ambos acudieron a los tribunales porque, a su juicio, durante el proceso de selección (que en el caso de uno de ellos fue superado totalmente y en el otro se le consideró no apto en la prueba práctica habiendo obtenido en la teórica la segunda mejor puntuación de los últimos 12 aspirantes) se habían cometido irregularidades tales como que una vez convocada la oposición con dos plazas se amplió hasta en dos ocasiones sin ajustarse totalmente a derecho (cuatro plazas se convocaron con los exámenes ya iniciados, no convocadas públicamente y sin presupuesto del ejercicio, y posteriormente, dos plazas más, hasta un total de ocho). Además, defendían que el procedimiento de calificación tenía graves deficiencias, que están dispuestos a demostrar.

El primer recurso, del que conoció el juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Huesca, les negó la razón pero tras recurrir este fallo llegaron al TSJA, donde sí obtuvieron respaldo a sus peticiones. Esta fue la decisión judicial que dio origen a la nulidad de los citados nombramientos, que tuvo lugar en febrero de 2009.

El Consistorio oscense, para cumplir lo dispuesto en la sentencia, cesó a los policías locales a los que afectaba el fallo pero en mayo de 2009 volvió a readmitirlos porque el Ayuntamiento había pedido retrotraer el proceso administrativo al momento anterior al nombramiento de los agentes y reunir de nuevo al tribunal calificador de la oposición, y el TSJA dio su visto bueno en mayo.

El tribunal calificador se reunió el 5 de mayo y propuso una nueva lista de aprobados en la que seguían estando los cuatro policías cesados, quienes se reincorporaron a su puesto de trabajo el 18 de mayo de 2009.

En total, en la oposición del año 2005 salieron seis plazas para la Policía Local de Huesca, pero el fallo del TSJA solo afectaría a cuatro personas que actualmente pertenecen a este cuerpo, pues dos de los opositores ganaron con posterioridad una plaza en la Policía Local de Zaragoza, si bien opositaron, igualmente, de forma irregular en Huesca. La única forma de que la sentencia no afecte a estas dos personas es que hubieran obtenido la plaza por oposición, porque tanto el concurso como la permuta serían idénticamente inválidos porque partirían desde el principio de la suposición de su calidad de funcionarios.

Las últimas sentencias, falladas en julio y septiembre de 2015, son fruto del recurso presentado a la readmisión producida en mayo de 2009. En ambas sentencias el TSJA da la razón a los aspirantes que no obtuvieron plaza y da un plazo de dos meses para hacer efectiva la nulidad de sus decisiones. 

La nulidad que expresa el TSJA radica en que el tribunal calificador formuló propuesta de nombramiento para mayor número de plazas que las existentes y vacantes con conocimiento de causa. El Tribunal ordena que la Corporación declare nulas todas las actuaciones posteriores a los ceses que en su momento se acordaron y que eludían el cumplimiento de sentencias previas.
 

"Nunca hemos ido contra los policías"

Los dos aspirantes que interpusieron el recurso hace una década y que han seguido defendiendo en los tribunales lo que ellos consideran que fue una vulneración de sus derechos, estiman de justicia el fallo del Tribunal y han señalado que “estarán vigilantes” de la decisión que tome el Gobierno municipal para cumplir con el mandato judicial, a través de su despacho jurídico.

Ambos han querido resaltar que nunca han querido ir “contra los policías locales a los que se les adjudicaron las plazas irregularmente” pero, que dado que la resolución del proceso les afectó en su esfera laboral y personal, han considerado que “es de justicia” que todo este asunto se resuelva conforme a la ley. "No queremos que estos policías se vayan a la calle, buscamos que se admita que el Ayuntamiento se equivocó, que se hicieron las cosas mal que se hicieron las cosas mal y que abra una vía de acuerdo y diálogo con nosotros", han añadido.

Tras la última sentencia del TSJA han valorado que el Ayuntamiento no puede recurrir (“el fallo ya era inapelable en 2009”, han señalado) pero han agregado que si no se les resarce por todo el daño causado ("creemos que debemos reunirnos con el Ayuntamiento para llegar a un acuerdo transaccional digno que palie los graves daños y perjuicios ocasionados", han explicado a HERALDO.es) están dispuestos a llevar al Consistorio oscense a la vía penal por lo que consideran es "un delito de prevaricación continuada, y, en su caso, de desobediencia".

"Está en nuestro ánimo intentar llegar a un punto de colaboración y a un acuerdo que no dañe, aún más, a nuestras familias y que no nos siga afectando, en la medida que ya lo ha hecho", han apuntado. "Es evidente que debe haber el resarcimiento correspondiente a tanta injusticia que venga a subsanar el sufrimiento ocasionado", han añadido.







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